Nacionales · 17/05/2022

Juristas alertan sobre “grave deterioro” en la salud de las presas y presos políticos de Nicaragua

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) de Nicaragua, conformada por profesionales del Derecho, alertaron este martes sobre el “grave deterioro” en la salud de las presas y presos políticos que se encuentran en los diferentes centros de reclusión en Nicaragua.

Entre las situaciones más graves, la UDJ destacó a las personas sobrevivientes de cáncer que “requieren una serie de atenciones especiales, padecimientos crónicos, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico, enfermedades cardíacas, parálisis facial, hipertensión arterial, problemas de tiroides, infartos, preinfartos producto de las altas temperaturas”.

Estas condiciones se ven agravadas debido a las pésimas condiciones en las celdas dónde se encuentran en hacinamiento, durmiendo muchos de los presos en el suelo y sufriendo constantes abusos, tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades penitenciarias, al someterlos a golpizas severas, aislamiento prolongado, sin derecho a patio sol, ni a ningún tipo de esparcimiento, víctimas de humillaciones, torturas y malos tratos psicológicos y físicos”, denunciaron los juristas.

Agregaron que “al menos 2 personas han presentado convulsiones producto de epilepsia, quiénes además tienen otros padecimientos como enfermedades pulmonares, fracturas por golpes, luxaciones en hombro, problemas en la piel, inclusive sarna, dolor en el estómago, caída del pelo, afectaciones a su salud mental y una significativa baja de peso lo que pone en riesgo eminentemente su salud y la vida”.

La UDJ denunció el incumplimiento de parte de los funcionarios de los Sistemas Penitenciarios a los oficios que dictan los judiciales, para la realización de valoraciones médicas.

Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta positiva, “esto debido a que las autoridades de los SPN en ocasiones no reciben los oficios judiciales y en otros casos, pese a recibirlos, no los acatan”, apuntaron.

En ese sentido, los juristas destacaron que la protección de los privados de libertad “le corresponde al Estado, quién es garante y tiene la obligación de devolver a las personas en el estado físico en que se las recibió sin perjuicio del deterioro natural del transcurso del tiempo”.