Para los juristas María Asunción Moreno y Alonso Cano, resulta “contradictorio” que el régimen de Daniel Ortega imponga la pena de cadena perpetua en Nicaragua y a la vez esté excarcelando a miles de reos comunes, quienes estando libres –algunos de ellos– han vuelto a delinquir.
La reforma al Artículo 37 de la Constitución Política, que instaura la “cadena perpetua” a lo que considere un “crimen de odio”, entró en vigencia en Nicaragua el martes 19 de enero, un día después de su aprobación en segunda legislatura por los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional.
“El gobierno viene haciendo una serie de excarcelaciones de personas por motivos no políticos, los que se conocen como presos comunes, han sido liberados sin que se cumpla todo el proceso que establece la ley (…) Al promover una cultura de impunidad, no nos sorprende que se hayan dado hechos como el de esta joven (Katring López) que el día de su cumpleaños fue atrozmente privada de su vida y resulta que ha sido una de estas personas que ha sido liberada”, mencionó Moreno en entrevista con La Mesa Redonda.
“Qué observamos en la política criminal que está imponiendo el gobierno, estamos observando que por un lado, promueve una cultura de impunidad, liberando a personas que están condenadas sin que se cumplan los requisitos de liberación; y por otro lado, esta impulsando una ley que tiene finalidad de venganza, alegando que lo hace para proteger la vida, sobre todo de las mujeres (…) Es una contradicción, una inconsistencia, que nos deja a todos los nicaragüenses en una situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica y por su puesto de violación de principios básicos de los derechos fundamentales”, agregó.
Según la enmienda, la pena de cadena o prisión perpetua, “será revisable, será aplicada de forma excepcional para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional”.
La Constitución Política del país fijaba en 30 años la pena máxima.
Para Cano, condenar a una persona de por vida a la cárcel, es una medida “drástica”, de aparte de significar la angustia y el dolor de toda una familia, también le acarrea al Estado “un gasto increíble en materia de presupuesto”.
“Estamos viendo que están liberando a personas que ni siquiera han sido condenados, que se les dice que van libres ‘por voluntad del comandante y de la compañera’; hay una terrible contradicción en la política criminal estatal, que por un lado se promueve la impunidad y por otro lado se crea una inseguridad jurídica derivada de esa excarcelación masiva de personas. Y contradictoriamente –eso es lo que despierta la sospecha—se promueve cadena perpetua como sanción penal”, sostuvo Cano.
La mayor debilidad que los expertos constitucionalistas han señalado sobre la reforma es que deja a discreción de las autoridades del Poder Judicial, controlado por el régimen de Ortega, la interpretación de qué es un delito de odio.