Los abogados nicaragüenses suspendidos de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Daniel Ortega, bajo el argumento que “son traidores a la patria”, rechazaron este viernes la privación del ejercicio de la abogacía.
El régimen de Ortega a través de la CSJ, inhabilitó el jueves a 25 abogados, entre ellos a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez y al exmagistrado del Poder Judicial Rafael Solís.
El abogado Roger Reyes, uno de los afectados, sostuvo que cancelar una profesión y un título está “lejos de toda realidad jurídica”.
“Nos han quitado todo. A Dios le pido que el odio no me alcance. No seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y nicaragüense seré hasta el último día de mi vida. Pierden su tiempo”, comentó, por su lado, la defensora de derechos humanos María Oviedo.
“Ortega nos mira a todos como enemigos, mi título (de abogado y notario público) me lo pueden quitar, lo que yo sé no”, señaló, por su lado, el político opositor Eliseo Núñez.
La dirigente opositora Ana Margarita Vijil, a quien el Gobierno de España la concedió la nacionalidad española, dijo que ayer se durmió “con la noticia de que la Corte Suprema había decidido cancelar mi título de abogada, junto con el título de otras 24 personas”.
“Hoy me levanté con la noticia de que el gobierno español había aprobado una solicitud de nacionalidad española, a una noticia difícil, una noticia esperanzadora”, indicó Vijil a través de un video difundido en sus redes sociales.
Por su lado, la activista y ambientalista Mónica López Baltodano, hija de los exguerrilleros sandinistas Julio López Campos y Mónica Baltodano, dijo que aunque traten de inahibilitarla para ejercer su profesión, no podrán desaparecer sus tres libros donde fiscaliza a las autoridades.
26 ABOGADOS HAN SIDO SUSPENDIDOS
La primera afectada con esa medida, el martes pasado, fue la abogada defensora de decenas de presos políticos, Yonarqui de los Ángeles Martínez García.
En una resolución, la CSJ decidió anular los títulos de abogado y notario público a otros 25 juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de abogacía en 24 horas, “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese”, pese a que la mayoría fueron expulsados a Estados Unidos o residen en el exilio.