La denuncia presentada ante la Justicia argentina contra el dictador de Daniel Ortega, su mujer Rosario Murillo y otros funcionarios de la dictadura, por delitos de lesa humanidad, fue ampliada este jueves, con la intención de investigar la responsabilidad que pudo haber tenido la ex directora de la Policía Orteguista, Aminta Granera Sacasa.
“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, describe el documento de la ampliación de la denuncia, según reportó el medio argentino Infobae.
La ampliación además exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión en Nicaragua, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”.
En ese sentido se reforzó la denuncia sobre la situación de los presos políticos.
“Durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando”, reza el documento.
En octubre pasado se introdujo una denuncia ante la Justicia argentina para iniciar una investigación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otras personas de su entorno, a quienes se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad contra de ciudadanos que han manifestado su desacuerdo el régimen que controla el país.
El proceso que fue iniciado por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, sumó una segunda denuncia a principios del mes de noviembre la cual fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y el documento fue presentado por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz.
El fiscal Eduardo Taiano, quien impulsa la iniciativa, explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución de ese país, que reconoce el principio de “jurisdicción universal”.
Junto a Ortega y a Murillo también fueron denunciados el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.
También al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
“CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, dice el comunicado.
Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.
*Con Infobae