El régimen de Daniel Ortega ha comenzado a utilizar los equipos y emblemas de la Cruz Roja nicaragüense después de retirarle su personería jurídica la semana pasada, bajo el argumento que supuestamente violó sus principios “de imparcialidad y neutralidad”.
Al disolver la entidad humanitaria que trabajaba de forma independiente desde 1934 en la nación centroamericana, legisladores de facto dijeron que el organismo no presentó los estados financieros ni el balance contable.
Ahora sus bienes y misión han quedado bajo control del Ministerio de Salud (MINSA).
En las redes sociales de la Cruz Roja, ahora administrada por el régimen, se menciona que el cobro por servicios de traslado en ambulancias que anteriormente tenían un costo, sería eliminado, pero también se dieron a conocer las nuevas cuentas bancarias a las que los donantes podrían comenzar a enviar sus aportaciones monetarias.
La publicación cuenta con el membrete del régimen orteguista.
Expertos en derechos humanos consultados por la Voz de América advierten sobre la ilegalidad que implica el uso de estos símbolos y la gravedad que representa para los ciudadanos que ya no contarán con una entidad independiente que los asista.
“La principal labor [de la Cruz Roja] es justamente esa: en un conflicto armado brindar la asistencia humanitaria a las personas, a los soldados, a los combatientes heridos y otro sinnúmero de asistencias humanitarias a población civil dentro de un contexto armado”, indicó Uriel Pineda, máster y consultor independiente en Derechos Humanos.
Pineda sostiene que cuando la Asamblea Nacional votó por la creación de “una nueva Cruz Roja”, pero ahora controlada por el Estado, los legisladores indicaron “que van a respetar los convenios de Ginebra de 1949”, entre ellos la condición de neutralidad.
“Uno de los elementos principales es el reconocimiento como una norma de neutralidad de la Cruz Roja. Ante la existencia de una guerra, [la Cruz Roja] es un signo que debe ser respetado en todo momento, en toda circunstancia, porque es garantía de neutralidad y su finalidad es humanitaria”, dijo Pineda.
Por lo tanto -dice- el régimen de Ortega “no puede tener su propia Cruz Roja, por así decirlo y, en consecuencia, lo que han hecho es privar de esa neutralidad a la Cruz Roja nicaragüense”.
“Ya no podemos hablar de neutralidad aparte de la prohibición que tiene el régimen de hacer uso de estos signos protegidos, signos que reconoce el Convenio IV de los convenios de Ginebra del ‘49”, agregó.
El abogado nicaragüense Róger Reyes, por su parte, afirma que la medida del régimen de Ortega de poner fin al desempeño legal de la Cruz Roja a través de la Asamblea Nacional “es completamente violatorio a todo derecho” ya que la finalidad de dicha entidad es realizar acciones humanitarias lejos de toda parcialidad o inclinación por alguna ideología política.
“Se está demostrando que bajo la ordenanza del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo aprueba una ley que no solamente expulsa a una organización con prestigio humanitario, sino que también está afectando a la comunidad nicaragüense que se encuentra dentro del país”, dijo.
¿Dónde queda la libertad de asociación?
Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragüense, una entidad conformada en el exilio por abogados independientes, enfatiza que la medida del oficialismo “es un fracaso a la libertad de asociación, pero también un atentado contra el derecho humano internacional”.
“La Cruz Roja Nicaragüense tenía un fin común con todas las instituciones de su tipo en el mundo, un fin de carácter humanitario, que es socorrer a las personas cuando tienen alguna necesidad humanitaria. Esto hoy se termina porque ya pasa a ser parte del Estado. Aunque se siga llamando Cruz Roja Nicaragüense y sea administrada por el Ministerio de Salud de Nicaragua, el espíritu por el cual fue creada pasa a terminarse”, agregó.
Valdivia menciona que el hecho de que la Cruz Roja Nicaragüense hiciera acompañamiento y ofreciera atención a los heridos en el contexto de las protestas sociales en 2018, sin distinguir colores políticos, fue interpretado por la Asamblea Nacional como un supuesto intento de golpe de Estado.
“Es decir, por haber salvado vidas. Lo que quería el régimen es que dejaran morir a las personas en el contexto de las protestas para que hoy no se les confisque”, lamenta.
El experto indica que desde el colectivo han recibido denuncias de personas a quienes negaron la atención en hospitales públicos por el hecho de no simpatizar con el régimen de Ortega.
“Hay graves ejemplos de cuando institución humanitaria pasa a manos del Estado, como ocurrió con los bomberos en Nicaragua. Cuando pasan a ser administrados por el gobierno de Nicaragua”, advirtió.