En 2018, una serie de protestas en contra de las decisiones del gobierno de Nicaragua por la respuesta frente a los incendios en la reserva biológica Indio Maíz —una de las más importantes de Centroamérica— desataron la mayor crisis política, social y económica que el país ha enfrentado en los últimos años.
El gobierno liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ignoró los múltiples llamamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales para detener los incendios, resultando en una pérdida importante de bosques y biodiversidad. Además, se vieron amenazados los territorios ancestrales de las comunidades indígenas Rama y de las comunidades afrodescendientes Kriol. Hoy, Ortega sigue liderando el país. La crisis sigue sin resolverse.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua han sido graves y numerosas en este período, incluyendo el asesinato de 325 civiles y una extensa gama de ataques en contra de la población que pasan por la tortura, criminalización, hostigamiento y amenazas de muerte. Quienes han trabajado para defender la democracia, los derechos fundamentales y la protección de territorios indígenas han sido víctimas de un discurso público de odio. Desde 2018, cuando comenzaron las movilizaciones, 169 personas han sido privadas de libertad por motivaciones políticas, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas, coordinado por organizaciones de sociedad civil nicaragüenses.
En el capítulo más reciente de la escalada de represión estatal, el pasado 16 de marzo de 2022, el poder legislativo presentó y aprobó una resolución que autoriza el cierre de la personería jurídica de más de treinta organizaciones de sociedad civil. Estas entidades se han mantenido en resistencia para subsanar las fallas agudas por parte del Estado para proteger y proveer servicios básicos a su población. Es este el último hito en una escalada de violencia contra el espacio cívico: a partir de la última resolución, ya son 132 organizaciones de sociedad civil impedidas de operar en la legalidad.
Entre ellas se encuentra el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica Norte (CEJUDHCAN), que ha trabajado históricamente por los derechos de los pueblos indígenas miskitu en el país.
Esta nueva decisión de retirar la personería jurídica a CEJUDHCAN marca un precedente muy peligroso y deja a las comunidades indígenas que apoya en una situación de extrema vulnerabilidad, defendiendo solas los territorios ancestrales del despojo a manos de terceros colonos.
El informe de Global Witness Defender el Mañana denunció a Nicaragua como el país del mundo con más ataques letales per cápita en contra de personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
ENTRE 2018 Y OCTUBRE DE 2019, CEJUDHCAN HA DOCUMENTADO 41 ATAQUES DIRECTOS EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN, EN EL CONTEXTO DEL EJERCICIO DE SU ROL DEFENDIENDO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL – CEJIL / BETH LABERGE
Desprotección en los territorios indígenas
El Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL), representante de los pueblos miskitu ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha denunciado el cierre de la ONG, aseverando en su comunicado:
“CEJUDHCAN ha sido una organización fundamental para visibilizar el despojo territorial contra los pueblos Mískitu y Mayangna en la Costa Caribe; y la anuencia de las autoridades al respecto. Así también ha sido clave para documentar los impactos diferenciados de esta violencia; entre otros, el desplazamiento forzado, la hambruna que impacta las comunidades y la pérdida de sus prácticas ancestrales. Con la cancelación jurídica del Centro, el Estado nicaragüense mina la garantía de los derechos de pueblos a los que ha marginalizado por años y les deja sin el acompañamiento y protección que las propias autoridades han dejado de hacer”.
Históricamente, los pueblos indígenas han sido más vulnerables a los ataques por parte de los Estados y de otros actores no estatales. Según CJUDHCAN, estos ataques se han incrementado desde la crisis política y de derechos humanos desatada en 2018.
En el caso particular de los pueblos miskitu y mayangna, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución del 15 de Febrero de 2022 en la que amplía medidas de protección internacional (medidas cautelares). En ella establece que, entre abril de 2018 y enero de 2021 se produjo el asesinato de 17 indígenas, mientras que 31 personas fueron heridas (incluyendo golpes y violencia sexual), 10 fueron desaparecidos, 53 nuevas familias fueron desplazadas y 37 propiedades resultaron calcinadas o destruidas.
Más aún, entre 2018 y octubre de 2019, CEJUDHCAN documentó 41 ataques directos contra miembros de la organización que estaban ejerciendo sus funciones en pos de una protección de las comunidades indígenas.
En este contexto, además, los bosques nicaragüenses están siendo destruidos a una velocidad alarmante. El Centro Humbodlt, una organización de sociedad civil, denunció que entre 2011 y 2018 se perdieron 1.4 millones de hectáreas de bosque en el país. Esta organización también ha visto su personería jurídica revocada.
Ante este angustiante panorama de la desprotección, las labores de documentación y seguimiento para la visibilización de sus realidades son mecanismos claves para quienes se encuentran en primera línea resistiendo frente a la avanzada de las industrias extractivas. La inacción podría tener graves consecuencias, irreversibles en el largo plazo.
La comunidad internacional debe tomar acción urgentemente
Global Witness se solidariza con CEJUDHCAN y todas las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua que trabajan en primera línea de defensa de derechos humanos, y que han sido drásticamente ilegalizadas.
El 23 de marzo, el Embajador de Nicaragua al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos salió públicamente a denunciar el deterioro de las instituciones y el oscuro futuro de la democracia en el país. “Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay medios impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit en redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo, no existe, todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. En el gobierno, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, pero todas las puertas se cerraron. Lo que pasa en Nicaragua supera mis capacidades diplomáticas”, dijo Arturo McFields en una conferencia pública.
Reiteramos entonces el llamado de la sociedad civil del país para que se establezca un mecanismo especial para Nicaragua por parte de Naciones Unidas, que exija al Estado a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y medioambientales cometidas en los últimos años, en los que Ortega ha reducido el espacio cívico de manera dramática.
Dicho mecanismo debería incluir un esfuerzo particular para monitorear y detener los ataques contra los pueblos indígenas que tratan de afrontar las amenazas contra sus territorios ancestrales. Esto, dado a que la falta de organizaciones locales operando en terreno expone a estos pueblos y comunidades a un mayor riesgo de ataques que socavan sus derechos, sus formas de vida y su cultura.
El reconocimiento de la importancia de la sociedad civil y de las poblaciones que las protegen es urgente para seguir contando con información veraz en Nicaragua y dar una respuesta apropiada a esta crisis. Quienes están en primera línea, resistiendo frente a las invasiones, la muerte y la degradación ambiental no pueden esperar más.
Autor
- Laura FuronesCivil Society Advisor
- Francisca StuardoCivil Society Advisor