*Por Oscar René Vargas
La dictadura Ortega-Murillo implementa una “guerra híbrida” utilizando diferentes variantes en contra de la Iglesia católica.
En Nicaragua, las distintas denominaciones evangélicas hasta el año 1979, aproximadamente, eran muy minoritarias en comparación a la iglesia católica. Es a partir de la década de 1980 se produce su crecimiento amparadas por el gobierno de la época, fue una manera de contrarrestar el peso político de los sectores conservadores de la iglesia católica bajo la hegemonía del cardenal Miguel Obando y Bravo. Es decir, el crecimiento de las diferentes denominaciones evangélicas gozó del apoyo del gobierno de esos años. Por lo tanto, muchas denominaciones tienen un sentimiento de agradecimiento al régimen de Ortega.
En las décadas de 1980 y 1990, la hegemonía de Obando y Bravo en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) fue evidente hacia los otros obispos para no tuvieran una posición independiente, sometiéndose a la línea de Obando y Bravo que contaba con el visto bueno del papa Juan Pablo II, que a su vez había adoptado la estrategia de Reagan en contra del «comunismo» internacional y apoyaba a la “resistencia de la contra” en la guerra civil de los ochenta.
Por lo tanto, Obando y Bravo se transformó en el abanderado ideológico de la lucha en contra de la corriente de la teología de la liberación señalada como aliada del «sandinismo» de los años 80. En 1985, el papa Juan Pablo II hace Cardenal a Obando y Bravo para darle mayor peso político al interior de la CEN, transformándolo en un poder fáctico importante en la política nicaragüense.
Por otro lado, a partir de 1990, a raíz de la derrota electoral que marca el fin de la revolución de 1979, muchos miembros del FSLN se incorporan a las iglesias evangélicas ya sea como miembros o como pastores, fue una manera de encontrar refugio al pico de la ola antisandinista que se produjo en la década de 1990. La estrategia de Ortega-Murillo ha sido utilizar a las iglesias evangélicas para contrarrestar la influencia y el poder de la Iglesia católica.
A su regreso al poder en 2007, Ortega empleó la estrategia de comprar, sobornar a los principales líderes de las iglesias evangélicas para controlarlos, neutralizarlos por medio de exoneraciones, regalos, favores, privilegios y dinero. Por eso, esos líderes evangélicos se han enchufado en la estrategia de Ortega-Murillo de ningunear y reprimir a los sacerdotes y obispos católicos que son críticos del régimen y, al mismo tiempo, que sirven para mostrar, internacionalmente, que en el país no existe persecución religiosa. Los testimonios de los múltiples pastores, nacionales y extranjeros, de las diferentes denominaciones lo certifican.
La ventaja política para el régimen en relación a las iglesias evangélicas es que no tienen un liderazgo único nacional reconocido por las distintas denominaciones evangélicas; es decir, existe un liderazgo fragmentado y local, no nacional reconocido por sus seguidores. En ese contexto, las diferentes denominaciones no representan un poder fáctico comparable al que posee la iglesia católica. Lo contrario a lo que sucede en la iglesia católica que tiene un liderazgo nacional reconocido por los fieles en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
Hay que recordar que la mayoría de la CEN adoptó, en los años 80, la política de EE.UU. hacia Nicaragua que tenía el visto bueno del papa polaco Juan Pablo II y del cardenal Obando y Bravo que seguía las orientaciones de la política norteamericana. Posteriormente, después del 2000, Obando y Bravo se pliega a Ortega cuando la Controlaría General de la República, controlada por Ortega, obtiene las pruebas de la corrupción que se desarrollaba al amparo de la organización de COPROSA que era el brazo social de la Arquidiócesis de Managua dependiente directamente de Obando y Bravo.
Esas pruebas le permiten a Ortega a doblarle el brazo a Obando y Bravo, iniciándose el contubernio político entre ambos; es decir, nace gracias a la no divulgación pública de las pruebas de la utilización de COPROSA de acciones corruptas ni ejecutar una asechanza judicial en contra de su directiva. Ese es el inicio del período de las excelentes relaciones de Obando y Bravo con Ortega.
A partir del caso COPROSA Obando y Bravo vivió bajo la espada de Damocles de la Contraloría y, al mismo tiempo, Ortega permitió el enriquecimiento de los familiares del Cardenal Obando y la bonanza de la Universidad Católica que dirigían los ahijados de Obando y Bravo. La estrategia de Ortega-Murillo fue utilizar el dinero y promoción del ego de Obando y Bravo para neutralizarlo. Ortega-Murillo inflaron la importancia nacional de la figura de Obando y Bravo para tenerlo a su lado.
La iglesia católica es un poder fáctico fuerte que Ortega-Murillo ha tratado por todos los medios de someterlo a sus intereses. Después del 2009 y del retiro de Obando y Obando, Ortega no han podido recomponer su incidencia para neutralizar ese poder fáctico; por lo tanto, han adoptado la estrategia de tratar de neutralizar a cada Obispo en particular explotando ya sea sus debilidades sexuales, materiales o corruptas. En algunos casos han logrado su objetivo.
El distanciamiento entre Ortega-Murillo con la Iglesia católica se acentuó desde que la CEN jugara un rol mediador y crítico de la conducción de la dictadura Ortega-Murillo en las masivas protestas de 2018, con su violenta represión que dejó un saldo de centenares de muertos, miles de heridos y centenares de miles de exiliados. A partir del 2019, la “guerra híbrida” en contra la Iglesia católica se hizo evidente con el exilio del Obispo Silvio Báez, en marzo de 2022 el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado del país, en julio de 2022 fue el turno de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta y en agosto la represión en contra del Obispo Rolando Álvarez y varios sacerdotes.
Desde el pasado 4 de agosto de 2022, la dictadura Ortega-Murillo impide movilizarse al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien permanece sitiado junto a otros cinco religiosos y cinco laicos por fuerzas especiales en su diócesis de Matagalpa (norte del país); erigiéndose, entre tanto, como uno de los rostros más visibles de una persecución inaceptable, al igual que los sacerdotes de Nandaime, Boaco, Sébaco, Terrabona, La Dalia, Mulukukú, Masaya; el cierre de radios y canales de TV católicos, sacerdotes en el exilio, curas perseguidos, parroquias asediadas, etcétera.
La Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa permanece sitiada por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), que fuertemente armados custodian una de las principales calles del centro de la ciudad, el régimen mantiene militarizada la ciudad, mientras ciudadanos son citados por la policía, imponiendo un estado de terror. El Obispo Álvarez es una de las voces más críticas al interior de la CEN en rechazo a la política represiva de la dictadura. Por esa razón, el régimen intenta descalificarlo, lanzando la maquinaria violenta en su contra.
Previo al secuestro del Obispo Álvarez, el régimen cerró ocho emisoras de la diócesis de Matagalpa: Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens y Radio Monte Carmelo, Radio Católica, en Sébaco; Radio San José, en Matiguás; y Radio Santa Lucía, en Ciudad Darío. La dictadura argumenta que las licencias de operaciones no estaban vigentes.
En junio de 2022 fueron eliminados de la parrilla de programación de la empresa Telecable los canales de televisión de la Iglesia católica TV Merced, en el departamento de Matagalpa, y San José, en el departamento de Estelí. Mientras que, en mayo, fue clausurado de la parrilla de programación el Canal 51, también propiedad de la Iglesia católica, por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), la empresa estatal que dirige la hija del jefe de la Policía Nacional. Mientras tanto, los pastores de las diferentes denominaciones evangélicas permanecen callados.
Diferentes Conferencias Episcopales de países de la región latinoamericana y el Consejo del Episcopado Latinoamericano y Caribeño (CELAM), también han expresado su preocupación por estos hechos y su solidaridad con las víctimas. Sin embargo, tanto el comunicado de la Arquidiócesis de Managua como el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) han sido calificados de gallo-gallina. Da la impresión que los Obispos nicaragüenses no están conscientes que la dictadura ha implementado una política de Estado para decapitar a todo aquel que no sea sumiso al dictado orteguista ya sean monjas, un orfanato, una radio, sacerdote u obispo.
Por su lado, el Cardenal Brenes ha actuado con un enorme desgano y debilidad en defender lo que nadie está más obligado que él a defender a la Iglesia. No ha presentado una posición de defensa al aceptar la prohibición de las procesiones y de sus medios de comunicación. En un país como Nicaragua la voz de un Cardenal es un poder, y el Cardenal Brenes no lo ha usado en defensa de la Iglesia, de los sacerdotes y de los obispos.
El Vaticano pidió al régimen Ortega-Murillo y a la Iglesia católica de Nicaragua buscar “caminos de entendimiento basados en el respeto y la confianza recíproca”. Así lo expresó el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos, Juan Antonio Cruz, el viernes 12 de agosto de 2022, siendo la primera y única reacción del Vaticano ante los recientes sucesos en Nicaragua en contra de la Iglesia católica.
Al pedir el Vaticano un «diálogo y entendimiento» con la dictadura, haciendo caso omiso que la estrategia de Ortega-Murillo, para permanecer en el poder, sigue siendo «el poder o la muerte». Estrategia que la hemos venido denunciando desde agosto de 2018 y que la mayoría de la CEN no toma nota de esa realidad. Pero al igual que Casandra, el heraldo de la caída de Troya, permaneció sin ser escuchado.
Hay que tener claro que la llamada al “diálogo y al entendimiento” del Vaticano, Ortega lo interpreta como una señal de debilidad de parte del Vaticano y de la CEN; por lo tanto, Ortega-Murillo seguirá en su estrategia de “el poder o la muerte”. Esa reacción vaticana no está en concordancia con el 85% de la población (de mayoría católica), que de acuerdo con la última encuesta de Cid-Gallup, declara no estar de acuerdo con Ortega-Murillo.
La iglesia católica es un poder fáctico con el cual el régimen no puede convivir. No se trata, de buscar solamente una iglesia alineada, sino de anular su voz. Apagar esa voz. Así que cuando algunos Obispos o personeros de la iglesia católica escogen acomodarse a las arremetidas del régimen, proponiendo un “diálogo y entendimiento” con la dictadura para de no incomodar, deciden, en los hechos, colaborar para sobrevivir de manera sumisa y están ayudando a su verdugo en su trabajo de represivo y de exterminio de la lucha democrática del pueblo nicaragüense, por mucho que nos duela oír eso.
Esa posición de la CEN tendrá una repercusión negativa entre sus feligreses, incrementando el distanciamiento entre la feligresía y la jerarquía católica lo que favorece a la dictadura y justifica la colaboración de las denominaciones evangélicas con el régimen al apoyar, sin querer dicen algunos, una democracia de fachada que la dictadura quiere vender al interior del país como internacionalmente. Posición que tratará de aprovechar la dictadura a través de la “guerra híbrida” para amedrentar, acobardar, desmoralizar tanto a la feligresía católica como evangélica.