Juristas y académicos internacionales debatieron este jueves sobre los juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretende callar a las voces disidentes y medios de comunicación en el país.
En el foro: “Nicaragua: Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión” se habló del caso de la Fundación Violeta Chamorro (FVBCH), cuyos exdirectivos y excolaboradores fueron declarados culpables y sentenciados por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Estos son Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Marcos Fletes, contador general; Walter Gómez, financiero; y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana.
El evento fue organizado por la Red Voces del Sur, y defensores de derechos humanos, y moderado por Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en Estados Unidos, quien señaló que “la justicia nicaragüense está utilizando los juicios como arma de represión de su sociedad civil”.
Thomas Burt, coordinador de Voces del Sur, dijo que “el pronunciamiento de la red Voces del Sur a favor de los periodistas de Nicaragua y en contra de las acciones del régimen Ortega-Murillo es contundente y claro. Consideramos que la política de Estado del actual gobierno es una permanente ofensiva contra los derechos y libertades básicas de las personas en Nicaragua y que ha resultado en un deterioro absoluto en este país”.
“Denunciamos la judicialización en contra de la prensa independiente y la cancelación de las personerías jurídicas de sociedad civil enfocadas en la promoción de la libertad de expresión, así como los juicios politizados que violentan los estándares internacionales”, añadió.
La abogada Orieta Benavides, defensora de Cristiana Chamorro, denunció que en el juicio contra los exdirectivos y extrabajadores de la FVBCH “se violentaron absolutamente todos los procesos y garantías procesales y constitucionales” de cada uno de estos.
“Fue notoria la violación al debido proceso desde la citación, les negaron el derecho a ser asistidos por un abogado de su elección, tampoco se nos propinaron actas de entrevistas, jamás se les dijeron los cargos por los que fueron acusados”, declaró Benavides.
Jocelyn Nieva, asesora Legal Principal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (International Center for Not-for-Profit Law, o ICNL), señaló que la aplicación de las leyes es Nicaragua se usan para “restringir el espacio cívico, aplicar restricciones legales enfocadas en las organizaciones, limitaciones a derechos humanos, aversión al riesgo financiero y la exclusión financiera”.
José Ugaz, abogado penalista y experto en derechos humanos, calificó de “cleptocrático” al régimen de Ortega y Rosario Murillo.
“En Nicaragua no existen instituciones públicas ni separación de Poderes, se caracteriza por ser un país donde impera el tráfico de influencias, la impunidad y la protección a los responsables de actos de corrupción y nepotismo”, zanjó.
Paulo Abrão, abogado brasileño y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró que lo que se observa en Nicaragua desde el 2018 es el uso ilegítimo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos.
“Estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado. Nicaragua es un Estado que a través de un grupo de individuos busca perseguir y atemorizar a toda la población para favorecer a sus fines”, comentó.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, dijo por su parte que “estamos en el caso de Nicaragua ante un régimen dictatorial, dinástico y cruel que, ha venido no solamente lastimando de manera consistente y por varios años los derechos humanos; sino que esto ha generado implicaciones en materia económica, en materia humanitaria, la salida de nicaragüenses hacia el exterior se ha acrecentado a partir del 2018, la mayoría de ellos hacia Costa Rica”
Chinchilla mencionó “las tareas pendientes del sistema internacional”.
“Es más que claro que el sistema internacional se ha quedado absolutamente corto para poder hacer algo efectivo en la situación de Nicaragua. Daniel nunca ocultó sus intenciones, todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día y ha sido hecho con la complicidad de algunos sectores internos del país que quizás ahora podrían estar un tanto arrepentidos, aunque yo todavía tengo mis dudas”, apuntó.
“También se ha detectado una gran incapacidad para garantizar los compromisos reales que ese tipo de regímenes a veces asumen frente a algunas resoluciones que se aprueban mediante resoluciones de Estados Americanos (OEA) y el régimen se vuelve en un experto en ganar tiempo a su favor. Ha habido una gran incapacidad para pronunciarse manera categórica, lo cual de alguna manera oxigena políticamente a este régimen ante las violaciones fragrantes de derechos humanos. Es increíble que al día de hoy no haya sido posible aplicar la Carta Democrática y los instrumentos que la misma implica”, continuó.
“Vemos al régimen ya no solamente burlando los distintos instrumentos en materia de derechos humanos de protección de la democracia a nivel regional y a nivel de Naciones Unidas; sino que empieza a utilizar los instrumentos existentes como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para sus propios propósitos. Aquí tenemos un serio problema que tenemos que reconocer, que hay un Sistema Interamericano diseñado para responder a la interrupción abrupta del orden constitucional y de la democracia, pero no para responder al deterioro paulatino como son los casos actuales del deterioro democrático que estamos observando. De alguna manera es un sistema que opera bajo la lógica que todo está bien hasta que todo está mal, pero hasta que todo está mal es muy poco el espacio de maniobra con que se cuenta”, criticó.
Ciro Colombara, abogado chileno, reconoció que la situación en Nicaragua es “un desafío que no hemos sido capaces de resolver”.
“Ortega-Murillo y su camarilla llevan más de 15 años en el poder y en definitiva, pese a todo lo que se ha hecho lo que ha ocurrido en el último tiempo nos da cuenta de que la situación es más grave de lo imaginable y es más difícil de modificar, por lo que necesariamente tenemos que pasar a otra etapa, pasar de la reflexión a la acción, no sólo de organismos internacionales, no solo de los Estados; sino también de la sociedad civil”, aseveró.