Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) pensó que cuando la excomisionada Aminta Granera llegó a la jefatura de la Policía de Nicaragua en 2006, daría un “nuevo rostro” a dicha institución fundada el 5 de septiembre de 1979 con el nombre de “Policía Sandinista”, en sustitución de la Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.
Granera fue nombrada jefa de la Policía en 2006, en la última etapa del gobierno de Enrique Bolaños, y en 2011 con Daniel Ortega en el poder, aceptó la prolongación de su mandato por otros cinco años a través de un decreto presidencial, que violó la ley orgánica de la Policía; además en 2016, Ortega la prorrogó una vez más por otro período, aunque estaba despojada de autoridad y cumplía funciones meramente ceremoniales de protocolo.
En entrevista con La Mesa Redonda, Núñez reveló que durante el primer periodo de Granera como jefa de la Policía, está le prometió que “jamás” aceptaría una reelección al margen de la ley. Sin embargo, la jefa policial cedió a los caprichos de Ortega y terminó siendo la titular de la institución durante 12 años, lo que terminó con su prestigio y credibilidad, según la defensora de derechos humanos.
“Aminta recibe una Policía descompuesta, una Policía con perfiles autoritarios, de corrupción (…) Llega Aminta Granera y trata de dar un golpe de timón dentro de la Policía, trató de darle un nuevo rostro a la Policía, y yo no tengo razones para dudar de que en un momento determinado sus intenciones eran auténticas. Sin embargo, a medida que ella caminó en ese sentido, empezó a encontrar no solamente oposición dentro de un sector de la Policía que representaba los viejos comportamientos de Fernando Caldera (ex director de la Policía) y compañía; sino que también empezó a recibir presiones y a ser coaccionada directamente por Daniel Ortega”, dijo Núñez.
La presidenta del CENIDH señala que cuando Ortega retoma el poder en 2007, comienza a anular la dirección de Granera, al punto que sus subordinados obedecían solo las órdenes del dictador y no las que la jefa policial orientaba.
Un ejemplo de ello, –cuenta Núñez—es cuando en junio de 2010, la Policía allanó y sacó violentamente de su oficina al entonces alcalde de Boaco, Hugo Barquero. “Ella (Aminta) nos prometió directamente a mí que la Policía no va a intervenir en un desalojo violento en la Alcaldía de Boaco ‘nosotros no nos vamos a meter’ (dijo Granera), habíamos terminado de hablar eso cuando le dieron la orden al jefe de la Policía de Boaco para que fuera a tomarse la Alcaldía”, relató.
Situaciones como esa, en la que las órdenes que daba Ortega eran las que se ejecutaban y no las de Granera, fueron las causantes de que ella fuera cediendo, según Núñez.
“Llega el momento que se le vence su periodo, en más de una ocasión nosotros hablamos directamente con ella, de la implicancia que representaba que aceptara una reelección al margen de la Constitución y de la Ley”, le advirtió la defensora a la exjefa policial.
“Aminta nos dijo a nosotros y me dijo ‘jamás doctora –porque así me llamaba ella—jamás doctora voy a aceptar una reelección al margen de la ley’. Nosotros pensábamos, cómo puede logarse eso, bueno una reforma constitucional nos preocupaba, pero esa fue la promesa que como organismo de derechos humanos nos hizo Aminta”, sostuvo Núñez.
“Sin embargo, cuál fue nuestro convencimiento, de que aquí ya no había instituciones, de que quien mandaba era Daniel Ortega, la impuso y ahí empezó prácticamente el deterioro no solo de la imagen de Aminta, sino que también su prestigio y credibilidad”, agregó.
Granera fue cuestionada por su complicidad con el proceso de partidización de la Policía y las recurrentes violaciones a los derechos humanos. Supuestamente por años había presentado su renuncia, pero Ortega nunca la aceptó. Y fue hasta en agosto de 2018 que el dictador la mandó a “retiro”, sustituyéndola con Francisco Díaz, su consuegro.
La separación de Granera de la Policía Orteguista sucedió en medio de la represión policial y paramilitar iniciada el 18 de abril de 2018.
A juicio de Núñez, Granera durante años trató de limpiar su imagen haciendo presencia en los lugares donde había denuncias contra la Policía, en ese sentido, destacó el caso de la masacre de la familia Reyes Ramírez en Las Jagüitas, Managua, en 2015. También recordó el asesinato del joven Luis Ángel Vargas en La Paz Centro en 2008, “ella fue con nosotros con el CENIDH a acompañar ese caso, ella fue a tratar de calmar”, contó la presidenta del organismo.
Otro caso, en el que Granera puso la cara, fue el de las torturas contra tres jóvenes en Nueva Guinea en 2007, quienes fueron colgados de sus testículos por oficiales de la Policía en esa localidad, y cuyos padres fueron asesinados tiempo después por hombres armados. “Recuerdo como Aminta nos invitó a que fuéramos a Nueva Guinea donde habían torturado a unos muchachos y una jefa policial mujer fue quien los torturó directamente, y ella (Granera) orientó la dada de baja de esta policía”, narró Núñez.
Señaló que durante el mandato de Granera, la situación se fue endureciendo por parte del régimen de Ortega “hasta el extremo que convierte prácticamente en un adorno lamentable a Aminta, prácticamente la sustituyen en todas las acciones, hasta llegar al momento que Francisco Díaz la sustituye”.
Para la defensora de derechos humanos, la Policía de Nicaragua, tiene una historia de “destrucción”, “una institución creada para sustituir las funciones de la Guardia de Somoza”, apuntó.
Añadió que la Policía tiene su origen en la revolución sandinista “y siempre fue un órgano partidario” y que pese a los periodos presidenciales de doña Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, esta “siempre tuvo influencia partidaria” y “un vínculo ideológico y partidario con el propio Daniel Ortega”.
Es así que al día de hoy es el principal brazo represor de la dictadura Ortega-Murillo.
Ascenso de policías es una afrenta al pueblo
Para celebrar el 41 aniversario de la fundación de la Policía, Ortega ascendió a siete jefes policiales a Comisionados Generales, considerados por Núñez como “ejecutores de crímenes ordenados desde El Carmen”, es por ello que tales ascensos los califica como una “afrenta” para el pueblo de Nicaragua, principalmente para las madres y familiares de las víctimas de la represión.
“El ascenso de estos comisionados es una afrenta, es como que le están volviendo a matar a sus hijos, es mandarles un mensaje de que no tengan esperanza”, valoró la presidenta del CENIDH.
“Todos los que van a ser ascendidos, tienen en su haber un currículum de perversidades, de crímenes, muchos pueden ser catalogados como ya lo ha dicho el GIEI crímenes de lesa humanidad”, continuó.
Los ascendidos hoy por Ortega son Fidel Domínguez, jefe policial de León y señalado por organismos humanitarios de violar los derechos humanos de los nicaragüenses; el sancionado Juan Antonio Valle Valle, acusado por Estados Unidos de dirigir la represión contra los manifestantes opositores de Nicaragua.
Además de Domínguez y Valle, fueron ascendidos: Carlota del Socorro Espinoza Aragón, Suban Antonio Yuri Valle Olivares, Pedro José Rodríguez Argueta, Clifford Alberto Domínguez Pérez, y Julio César Sánchez Reynosa.
La Dra. Vilma Núñez se refirió a cuatro de estos siete comisionados. “Son personas muy vinculadas y ejecutoras directas de los crímenes”, indicó, y que algún día responderán por sus crímenes, añadió.
Fidel Domínguez
“El comisionado Domínguez de León, tortura y humilló a la familia Alonso, el asesinato a sangre fría del joven Bryan López del barrio Guadalupe en León, el hostigamiento permanente a Radio Darío, entre otros”, detalló Núñez.
En el caso de la humillación hacia la familia opositora Alonso ocurrida en noviembre del año pasado, Domínguez los esposó y obligó a comprometerse a “no joder a los militantes sandinistas” en un vídeo que se viralizó.
Pedro Rodríguez
“Pedro Rodríguez es el jefe de Carazo, fue una persona que dio un cambio de 180 grados en su comportamiento, se convirtió prácticamente en el terror y el azote de la gente de Carazo. Prácticamente, él dirigió la operación limpieza donde el 8 de julio en Carazo se cometió la masacre más grande en un solo día, 19 personas fueron asesinadas bajo la orden de Rodríguez, que ahora va a ser ascendido”, criticó.
Juan Valle Valle
“Valle Valle, también estuvo involucrado en todas las acciones de la represión desde el 18 de abril. Tuvieron preso, torturado y condenado por mucho tiempo a un pobre muchacho acusándolo de robo, un robo que no le pudieron probar y lo tuvieron que absolver”, manifestó.
Cabe destacar que la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, que dirige Valle Valle, es señalada de ejecutar una estrategia de asedio contra opositores y desmontar protestas contra el régimen de Ortega.
Carlota Espinoza Aragón
“Esta comisionada mujer porqué la ascienden, porque es prácticamente la que maneja todo el haber, todo el dinero que no se sabe de dónde llega y cómo llega, es la que orienta dónde emplearlo”, apostilló Núñez.
En el caso de Espinoza Aragón, desde octubre 2018 está al frente de la División de Finanzas, administrando los recursos económicos y materiales y goza con amplias facultades para representar a la Policía Orteguista ante entidades financieras, otorgar actos, concertar contratos, convenios, acuerdos y protocolos de colaboración, asimismo ejecutar todos los actos jurídicos que según la naturaleza de la Policía, “se encuentren en el giro ordinario de la institución”.