Nacionales · 01/03/2020

Las más leídas de la semana

Esta semana se realizó el lanzamiento de la Coalición Nacional de cara a derrotar al dictador Daniel Ortega en las elecciones previstas para el 2021. La Policía Orteguista una vez se tomó la capital ante la convocatoria de una marcha opositora para exigir la liberación de los presos políticos.

Durante varios días las casas de opositores al régimen orteguista están siendo sitiadas por policías, y periodistas fueron agredidos y amenazados de muerte por informar sobre la represión de la dictadura Ortega-Murillo, que es enemiga de la prensa libre de Nicaragua.

Mientras la represión y las violaciones de derechos humanos es el pan de cada día en el país; en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. Por su parte el régimen de Ortega sigue negando su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos.

Sumado a esto, hay otros temas que preocupan a los nicaragüenses: la irresponsabilidad del Ministerio de Salud (MINSA) para prevenir y combatir el coronavirus, y que la Asamblea Nacional le haya dado a Daniel Ortega el poder para controlar el Internet.

Estas son las notas más leídas de La Mesa Redonda:

¿Qué hay detrás del decreto sobre Ciberdelincuencia aprobado por el orteguismo?

Policía confiscando computadoras / Foto cortesía

La Iniciativa del Decreto Legislativo de aprobación del “Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento, y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia”, que fue aprobado el martes 25 de febrero, por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional fue enviada a esta el pasado 21 de enero por Daniel Ortega.

El documento señala que el objetivo del convenio es “favorecer la investigación, aseguramiento y obtención de pruebas entre las autoridades competentes de los Estados Iberoamericanos, como un medio para fortalecer y agilizar la cooperación en materia de Ciberdelincuencia”.

Pese a que este acuerdo fue firmado por Nicaragua en el año 2014, junto a otros países iberoamericanos como Perú, Paraguay y Uruguay, fue hasta ese día que el régimen orteguista estableció “la utilidad” de este convenio.

Sectores de la oposición señalan que el régimen pretende utilizar estos mecanismos internacionales bajo la discrecionalidad del Estado, y controlar a los usuarios de Internet, y que además da la potestad a la Policía Orteguista a decomisar aparatos que almacenen datos como celulares, computadoras y memorias, e intervenir comunicaciones.

Un experto en el tema opinó que este acuerdo “no es un nuevo instrumento represivo de la dictadura, sino una normativa internacional, pero como no hay Estado de Derecho en nuestro país, sino la ley de la selva, el régimen actúa de hecho como mejor le conviene”.

“Por ejemplo, la incautación de dispositivos susceptibles de guardar información como discos duros y teléfonos celulares es algo que viene haciendo la dictadura desde antes del 2018”, dijo la fuente.

Fotos que evidencian que MINSA no cuenta con las “herramientas tecnológicas y científicas” que aseguró Sonia Castro

Simulacro del MINSA en caso coronavirus / Foto cortesía

El viernes 28 de febrero, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó un simulacro de un caso sospechoso de coronavirus, en un centro hospitalario de Terrabona, Matagalpa, dejando en evidencia que no cuenta con la capacitación del personal médico, ni los materiales de protección necesarios para evitar el contagio de esta enfermedad que a nivel global a matado a casi 3.000 personas.

Pese a que la sancionada Sonia Castro, ahora “Asesora Presidencial en Temas de Salud en Nicaragua”, dijo el pasado 10 de febrero, que el sistema de salud del país tiene la fortaleza de afrontar el coronavirus, “con las herramientas tecnológicas y científicas para combatir esta enfermedad”, las fotografías que publicó un portal orteguista dejan claro que no es así.

En las imágenes se puede observar que el personal de salud en Nicaragua no cuenta con trajes especializados totalmente herméticos con filtros especiales, aparatos de alta calidad para mantener con vida al paciente, y un lugar aislado adecuado para mantener al enfermo.

Pese a que el MINSA asegura que ha dado capacitación al personal de salud público y privado, recursos de las instituciones, red comunitaria de salud y la población en general, por las fotografías publicadas ayer, se sabe que se carece de un adecuado manejo clínico de pacientes sospechosos del Covid-19.

La transmisión del virus de persona a persona se produce habitualmente por gotas (producidas al toser, estornudar o hablar) y por contacto con material contaminado por ellas con mucosas (oral, ocular y nasal fundamentalmente).

El coronavirus puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación medio es de tres a siete días, con un máximo de 14. 

En Nicaragua, no existen hospitales especialmente designados para atender una eventual emergencia. Los hospitales de referencia nacional e incluso la red de centros de salud cuentan con un área de atención a pacientes febriles y otra área para personas con problemas respiratorios. El régimen de Daniel Ortega no ha anunciado de forma expresa que se vayan a destinar fondos especiales para enfrentar una emergencia por coronavirus.

Simplemente han informado que ejecutan planes de prevención y detección temprana de la enfermedad en puestos fronterizos terrestres, acuáticos y aéreos; sin embargo, se desconoce por ejemplo, si en el Aeropuerto Internacional de Managua esté instalada una cámara térmica para medir la temperatura corporal de las personas que ingresan al país.

El viernes 28 de febrero, a través de un comunicado, el MINSA descartó la restricción a personas que entren a Nicaragua provenientes de países con riesgo de transmisión del coronavirus (Covid-19), pese el mismo día la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aumentó a “muy elevada en todo el mundo” la amenaza del coronavirus. El MINSA informó que “no se establecerá ningún tipo de cuarentena”.    

En el comunicado firmado por la ministra orteguista Carolina Dávila Murillo, señala que “si se presentaran casos con sintomatología respiratoria y nexo epidemiológico, se ingresará a dicha persona a una unidad de salud para su estudio y seguimiento”.

Agrega que si se presenta el caso de una persona contagiada con el Covid-19, “se le ingresará a la unidad de salud establecida para su atención médica”.

“A las personas provenientes de países con riesgo de trasmisión establecidos por la OMS, y sin sintomatología, no tendrán ninguna restricción en su movilidad y desplazamiento en el país”, reza el documento.

Según el último balance de la OMS, 46 países cuentan con casos diagnosticados de coronavirus, China acapara más del 95 % de los infectados.

Exsandinistas aseguran que Daniel Ortega apunta a la “división y el fraude” para ganar las elecciones 2021

Dora María Téllez y Óscar René Vargas

Las elecciones presidenciales en Nicaragua están convocadas para noviembre de 2021 y cuando aún faltan varios meses tanto el sandinismo como la oposición están preparándose para los comicios.

Los partidos de oposición finalmente lograron orientar sus esfuerzos en búsqueda de la unidad de todos los sectores con el propósito de derrocar al dictador Daniel Ortega, que permanece en el poder desde el año 2007 y que actualmente enfrenta una de sus peores crisis, tras las constantes denuncias de represión estatal y violaciones a los derechos humanos a partir de abril del 2018.

Es en ese marco que, según algunos expertos, el régimen orteguista no se va a quedar con los brazos cruzados. Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, asegura que Ortega apostará por la división de la oposición y el fraude electoral.

“Su estrategia es dividir a la oposición, segundo usar a los partidos comparsas, a los partidos zancudos para crear ante la opinión pública que la oposición esta divida. La segunda estrategia es que si no logran tener la posibilidad de dividir a la oposición, ellos van a prepararse siempre para un fraude electoral”, declaró el analista al medio Voz de América.

Vargas, se volvió crítico de Ortega con la rebelión de abril 2018. Ahora piensa que este es la expresión del mismo somocismo que antes combatía.

“Ellos intentarán no hacer ninguna reforma, mantener la represión generalizada. Hay un antecedente histórico en las elecciones de 1957, los Somozas pusieron estado de sitio desde septiembre del 56 hasta febrero del 57, esta estrategia de mantener a la gente en estado de sitio es un recurso que puede utilizar Ortega”, señaló.

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, coincide con Vargas, apunta a que el régimen de Ortega organizará a sus líderes y bases para llevar a cabo su estrategia para dividir a la oposición, especialmente a través de presiones entre los partidos políticos.

Téllez advirtió que Ortega intentará sobornar a quienes han estado involucrados en supuestos actos de corrupción para mantenerlos de su lado en el juego político.

“Va a estimular y activar sus infiltrados en distintos segmentos de la sociedad nicaragüense, va a organizar campañas de desprestigio de la oposición, va a utilizar el chantaje y en eso algunos son más vulnerables que otros, en relación al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es posible que eleven presiones en relación a los cargos que gente que pertenece al PLC ocupa en algunas instituciones del Estado”, advirtió.

Bachelet en la ONU: Las violaciones a DDHH en Nicaragua no han cesado

Michelle Bachelet / Foto cortesía

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el jueves 27 de febrero, su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la crisis que inició en abril de 2018. La funcionaria de la ONU fue clara: “las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.

Bachelet expresó su preocupación por los asesinatos de campesinos en las zonas rurales del país, así como la falta de diligencias investigativas por parte de las autoridades para castigar y detener estos hechos.

“Mi oficina no se conoce ninguna investigación penal abierto contra oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos del 2018”, destacó.

“El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo”, dijo Bachelet.

Denunció que los paramilitares de Daniel Ortega “siguen operando impunemente para asediar e intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la iglesia católica, personas excarceladas y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Esto incluye detención arbitraria por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y mandato de las autoridades estatales”.

Asimismo, señaló que los pueblos indígenas siguen siendo invadidos por los colonos.

Por otro lado, mencionó que la economía de Nicaragua se contrajo en un 5.7% y la inflación y el desempleo informal aumentaron. Hasta diciembre de 2019 más de 98 mil nicaragüenses habían huido del país, subrayó.

La Alta Comisionada hizo un llamado urgente a Ortega a acatar las recomendaciones que su organismo le planteó hace más de un año. “Le hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas”, demandó.

“Reitero al gobierno para que permita el retorno de mi oficina al país” y monitorear in situ la situación de derechos humanos, devolver los medios confiscados en diciembre de 2018, restablecer las libertades públicas y reanudar el diálogo con la oposición. Además, pidió avanzar en las reformas electorales que garanticen unas elecciones “justas, creíbles y transparentes”.

Valdrack Jaentschke llegó a mentir a la ONU y a pedir suspender sanciones contra el régimen orteguista

Valdrack Jaentschke en la ONU

El vicecanciller del régimen orteguista Valdrack Jaentschke mintió el jueves 27 de febrero, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, al afirmar que Ortega respeta el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses, la libre movilización y expresión.

Luego que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su tercer informe señalando que “las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no han cesado”, Jaentschke contestó que el dictador Ortega y su mujer Rosario Murillo respetan los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses. La libre movilización y expresión política están garantizados para quiénes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población”, dijo el funcionario orteguista.

Asimismo, expresó que los problemas políticos en el país “se verán resueltos por la vía democrática, entre ellas, elecciones libres, transparentes y acompañadas previstas para el mes de noviembre del año 2021”.

Valdrack Jaentschke, alegó que el régimen de Ortega “ha venido resolviendo de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos”.

Además de mentir descaradamente, Jaentschke rogó a los países miembros de la ONU su respaldo para que Estados Unidos suspenda las sanciones impuestas a la familia Ortega Murillo, sus funcionarios y empresas usadas para el lavado de dinero.

El vicecanciller, calificó como “agresiones” las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al régimen Ortega-Murillo.

Jaentschke insistió que las sanciones “atentan contra los derechos humanos de los pueblos. Desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos la suspensión estas sanciones, agresiones, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz”.

“Solicitamos a las distinguidas delegaciones rechazar cualquier intento de seguir interviniendo en Nicaragua a través de nuevas resoluciones y mandatos que se hacen cómplices de las sanciones y agresiones en contra de nuestros pueblos”, concluyó.

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