Internacionales · 25/06/2022

Lasso denuncia un intento de golpe de Estado detrás de protestas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas contra su Gobierno, quienes horas antes deslizaron la posibilidad de iniciar en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proceso para destituir al jefe del Estado.

En un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, Lasso hizo “un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador”.

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar “el derrocamiento del Gobierno” tras anunciar este que Pachakutik, brazo político de la Conaie, evaluará solicitar en la Asamblea la destitución de Lasso.

“La intención real del señor Iza (líder de las protestas) es el derrocamiento del gobierno (…) la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado”, declaró el mandatario, aislado por COVID-19, en una alocución transmitida por radio y televisión, luego de la muerte de tres manifestantes en una fallida irrupción en el Congreso.

Este viernes miles de indígenas volvieron a chocar con la fuerza pública tras la cruenta jornada del jueves. Sonaron sirenas y detonaciones mientras manifestantes con escudos artesanales levantaban barricadas y encendían neumáticos. 

A las bombas molotov, cohetes pirotécnicos y piedras de los manifestantes, equipos antimotines respondían con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

El jueves, Lasso permitió el ingreso de unos 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura, cerca del Legislativo y un lugar simbólico para los pueblos originarios, que estaba bajo control de la fuerza pública.

El presidente buscaba así propiciar conversaciones con el movimiento de protesta que llegó a la capital Quito esta semana para exigir alivios frente al aumento del costo de vida.

Sin embargo, un grupo de manifestantes avanzó luego hacia el Congreso e intentó quebrar el piquete militar que lo rodeaba.

Tres personas murieron en esos enfrentamientos, con lo que ya son seis las víctimas mortales que deja la rebelión indígena, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Las autoridades registraron más de 180 heridos entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

“Nos vamos a ver en la obligación (…) de dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar (…) perdigones”, advirtió el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El gobierno ha negado el uso de armas letales durante las manifestaciones.