El sancionado Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua, dejó claro el martes que el régimen no ha renunciado al proyecto fantasma del Gran Canal interoceánico, pese a que el año pasado expiraron varias cláusulas del contrato, y a esto se suma la quiebra del inversor principal, Wang Jing, el chino al que el dictador le dio una concesión por 100 años a la construcción y explotación del canal.
Durante una en videoconferencia, el sancionado afirmó que el proyecto “continúa en su fase de estudios y diseño”.
Las declaraciones de Ortega Murillo son parte de las mentiras que dijo para intentar promover y fomentar el intercambio económico y comercial en Nicaragua y en las que aseguró que el país “continúa teniendo las ventajas, facilidades e incentivos para la inversión nacional y extranjera” con las que supuestamente contaba hasta antes de abril de 2018 y ahora con la pandemia del COVID-19.
Al respecto, Medardo Mairena es líder del Movimiento Campesino señaló que Laureano Ortega “está queriendo justificar los más de 7.6 millones de córdobas que le han asignado a las autoridades del Gran Canal. La pregunta es dónde han invertido esa cantidad de dinero que año con año le están asignando a las autoridades del Gran Canal, ¿será que con eso le están pagando planilla a los paramilitares?”.
Mairena además recordó el vencimiento de las cláusulas ese acuerdo por lo que el proyecto “está totalmente anulado”.
El Gran Canal de Nicaragua, fue un proyecto que nació en 2013, la obra conectaría el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a través de Nicaragua. Estaba valorada en 50.000 millones de dólares, y cuyo inicio de la explotación estaba previsto para 2019, mientras que la finalización de las obras de construcción estaba programada para 2029. Pero todo quedó en sueños.
El dictador le otorgó una concesión al empresario chino Wang Jing, y a su consorcio HKND, para construir y operar un canal interoceánico durante 50 años, con una posible extensión por 50 años más. Para ello creó la Ley 840, que desató más de cien protestas del Movimiento Campesino, ya que el plan despojaba de sus tierras a más de 50.000 habitantes de una vasta región del sur-sureste, equivalente a casi la tercera parte del territorio total de Nicaragua.