Monseñor Carlos Avilés, portavoz de la Arquidiócesis de Managua, afirmó que la recién entrada en vigor Ley de Regulación de Agentes Extranjeros “es una acción política no legal” que ejercerá más presión sobre la organización no gubernamental de la Iglesia, Caritas de Nicaragua.
“Como yo le he dicho en otras ocasiones, desde hace varios años a nosotros no se nos exonera nada, ni vehículos, ni dejan entrar ayuda por aduana. La ley dice una cosa, pero a nosotros no nos han dejado entrar nada; tal vez ayuda económica, pero cosas materiales no”, dijo el religioso a la Voz de América.
“El problema es la falta de institucionalidad. La ley puede decir una cosa, pero lo que el oficial hace es otra cosa; es una acción política no legal, actúan políticamente según les convenga”, añadió.
La ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como “Ley Putin”, entró en vigor en Nicaragua a partir de ayer y algunas de sus excepciones son puestas en duda por algunos de los cuerpos que estarían amparados bajo esa condición.
Estas excepciones incluyen a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, personas jurídicas de carácter religioso, misiones diplomáticas, agencias de cooperación, empresas productivas y comerciales, entre otros.
A partir del lunes, todos los que sean considerados como “agentes extranjeros” tienen un plazo de 60 días para registrar de forma voluntaria a sus donantes y el uso de la cooperación que reciben en el Ministerio de Gobernación (MIGOB).
Al respecto, el jurista José Pallais explicó que este ministerio podrá discrecionalmente determinar a quienes someterán al control, incluyendo las excepciones de la ley.
“Nadie está exento de ser sujeto de aplicación de la ley y restringido de sus derechos. Hay una discrecionalidad demasiado amplia, establece las excepciones, pero a continuación deja una gran amplitud con denominaciones y conceptos demasiados amplios, que les permiten pasar sobre las aparentes excepciones, va a ser usado a criterio político, a conveniencia del régimen”, manifestó Pallais.
“En caso de que las personas exceptuadas en la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales o jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente”, advierte la ley.