Ley de Regulación de Agentes Extranjeros está dedicada a la oposición de Nicaragua, afirma abogado

El abogado defensor de derechos humanos y presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, se refirió este martes a la iniciativa de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que fue presentada hoy por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, la cual afirmó está dedicada a los opositores nicaragüenses, pues pretende “inhibir candidaturas” para las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021.

“Dicha ley está con dedicatoria, porque incluso menciona alianzas, coaliciones, etc., está en el orden de la participación política, desde ya a 14 meses antes de las elecciones previstas para noviembre de 2021. Ya está golpeando, lo que a esta altura ni siquiera está garantizado que la población pueda en noviembre de 2021 ejercer libremente su derecho universal de votar para elegir sin miedo a nada”, dijo Carrión.

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El proyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” establecerá el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídica que reciben financiamiento extranjero para realizar actividades que deriven en “injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”, según el régimen de Ortega.

El abogado calificó la ley como “ordinaria” y que no puede “inhibir candidaturas”, pues es un derecho ciudadano establecido la Constitución de la República.

“Todo lo que se ha encasillado a esa ley, dice que estarían ‘inhibidos’. Esa ley busca cómo aplastar las organizaciones ciudadanas, las expresiones de participación política que es un derecho Constitucional, es un derecho Político”, reiteró.

La iniciativa de ley dice que las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades que dentro de Nicaragua perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean están obligadas a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros establecido en la misma que será el Ministerio de Gobernación.

Y, de lo contrario serán sancionadas legalmente, sus fondos y bienes intervenidos, y se le prohibirá continuar con sus actividades.

Carrión además señaló que el título de dicha ley define a los nicaragüenses –lo que es contrario a la Constitución—como “agentes extranjeros”, lo que desnaturaliza la condición de nicaragüense.

Asimismo, recordó que los mismos sandinistas recibieron cooperación extranjera “hasta para comprar armamento” para derrocar a la dictadura de Somoza, por lo que es una “ironía” que ahora propongan esta ley “denominando a los nicaragüenses que reciben solidaridad y cooperación como ‘agentes extranjeros para salvaguardar la seguridad del Estado’, quienes estarían en primera lista para aplicar la ley, porque se enriquecieron a manos llenas con la cooperación venezolana”.

El abogado aseguró que la ley es inconstitucional y se le pueden poner recursos por inconstitucionalidad, pues afecta directamente a las organizaciones.

“Como Colectivo de Derechos Humanos la rechazamos porque es la continuación de la represión (…) La rechazamos por ser violatoria a los derechos humanos, a la organización política de nuestra condición de ciudadanos, el ejercicio de nuestra propia identidad, de participar en los asuntos públicos del gobierno, de reclamar nuestros derechos, de nuestra libertad”, añadió.

La ley establece que los “agentes extranjeros” deben “abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades y temas de política interna; tienen prohibido financiar o promover cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”. De lo contrario serán sancionados legalmente.

La propuesta fue presentada este 22 de septiembre en el plenario de la Asamblea Nacional, y se prevé sea aprobada esta misma semana.

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