La iniciativa de ley denominada “Fortalecimiento de la adhesión de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral”, conocida como “Ley RENACER”, que busca promover elecciones democráticas en Nicaragua y amplía sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sus colaboradores, fue aprobada este martes por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Según una nota de prensa de la oficina del senador Bob Menéndez, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la legislación “para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluidas las sanciones selectivas, para promover elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021”.
“SFRC acaba de aprobar mi Ley RENACER. La desesperación de Ortega por mantenerse en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía. Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho fundamental a elecciones libres y justas”, tuiteó el senador Menéndez, uno de los principales impulsores de dicha normativa.
La Ley RENACER se basa en el texto de H.R. 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018 al exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021.
El proyecto pide coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea, reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales; y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.
Este proyecto de ley también requiere informes clasificados sobre la corrupción de la familia Ortega y la injerencia rusa en Nicaragua, e informes no clasificados sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Ortega a medios independientes en Nicaragua.
Por último, el proyecto de ley continúa el apoyo de larga data de Estados Unidos a los medios de comunicación independientes y la libertad de información en Nicaragua.
“El proyecto de ley exige que el Poder Ejecutivo revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA). Además, el proyecto de ley requiere más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua y una revisión de las ventas de armas rusas a Nicaragua para posibles sanciones en virtud de la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de América mediante Sanciones (CAATSA). Luego de la aprobación del comité de hoy, la legislación ahora se dirige al Senado para ser considerada por el Senado en pleno”, se indicó en la nota de prensa.
“Mientras continúa atacando descaradamente a los líderes de la oposición, el sector empresarial de Nicaragua y sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía ante la comunidad internacional”, dijo el Menéndez. “Estoy muy agradecido de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se reúna para enviar un mensaje alto y claro hoy: Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas. La Ley RENACER proporcionará a la administración Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua, y con suerte permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el estado de derecho”, agregó.
Por su parte, el senador Marco Rubio, declaró: “Nuestro proyecto de ley bipartidista requiere sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos. Ahora que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó mi proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible”.
“Debe haber responsabilidad para los autócratas latinoamericanos, como el presidente Ortega, que se enriquecen a sí mismos y a sus facilitadores corruptos a expensas de los ciudadanos y de la verdadera democracia”, dijo el senador Dick Durbin.
“Me alegra que el Comité de Relaciones Exteriores dé este paso bipartidista al condenar las acciones del presidente Ortega y los graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por funcionarios del gobierno. Debemos recaudar recursos estadounidenses, incluidas sanciones, para ver la liberación de todos los presos políticos, incluidos los candidatos de la oposición, y ayudar a resolver la crisis política de Nicaragua con unas elecciones democráticas creíbles”, continuó.
Mientras que el senador Ben Cardin, manifestó que se debe “seguir presionando por el retorno a la democracia y apoyar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
“Me enorgullece apoyar este proyecto de ley que tomaría medidas adicionales para responsabilizar al gobierno de Ortega por sus numerosos actos de represión y corrupción que continúan perjudicando al pueblo de Nicaragua. Estados Unidos siempre debe defender la democracia y los derechos humanos en todo el hemisferio occidental”, añadió.
Por su lado, el senador Chris Murphy, indicó que la protección de la democracia “debe ser fundamental para la política exterior de Estados Unidos. La Ley RENACER nos ayuda a apoyar al pueblo nicaragüense y apuntar a los funcionarios nicaragüenses que buscan socavar el proceso electoral en el país. Me alegra ver que este proyecto de ley bipartidista avanza hacia el Senado”.
La Ley RENACER incluye los siguientes elementos:
- Amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios;
- Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas, incluida una revisión de los nicaragüenses clave que han desmantelado las perspectivas de elecciones libres, justas y transparentes;
- Pide al poder ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA);
- Requiere coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea;
- Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción;
- Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia del presidente Ortega, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua;
- Requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA); y
- Requiere reportar sobre abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
Para convertirse en ley, esta iniciativa necesitaría ser aprobada tanto por el Senado como por la Cámara Baja, dominadas actualmente por los demócratas.