El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia orteguista (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como “Ley Putin”, que pretende obligar a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio de Gobernación como “agente extranjero” y someterse a un control financiero por el régimen de Daniel Ortega.
“Este es un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1040 que es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Nosotras como ciudadanas hemos comparecido el día de hoy a la Corte Suprema de Justicia a presentar este recurso, donde señalamos expresamente cuáles son los artículos constitucionales que están siendo violentados con esta ley”, explicó Juana Jiménez, miembro del MAM.
“Señalamos que se ha violentado el principio de inocencia de los ciudadanos nicaragüenses, pero también se violenta el derecho de ser nicaragüense, ningún ciudadano nicaragüense dentro del territorio nacional puede considerarse ‘extranjero’”, precisó Jiménez.
MAM afirmó que dicha legislación es una “aberración” jurídica y “violenta totalmente los derechos fundamentales” de los nicaragüenses.
Bajo pretexto de defender la independencia y soberanía de Nicaragua e impedir cualquier injerencia extranjera, la ley regula a “personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias (…) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La “Ley Putin” además, les prohíbe a las personas participar en política interna, financiar organizaciones políticas, ser empleados públicos o candidatos en elecciones hasta un año después de dejar de ser “agentes extranjeros”. Quienes no cumplan la normativa se arriesgan con multas, cancelación de la personalidad jurídica, intervención de fondos y bienes y prohibición de actividades, además de penas por delitos “contra la seguridad del estado”.
Para la activista y también miembro del MAM, Marlen Chow, esta ley lo que viene a hacer “es a criminalizar el trabajo de las mujeres”. Por lo que llamó a las personas a que ejerzan el derecho de reclamar ante la CSJ y evidenciar las arbitrariedades de la dictadura Ortega-Murillo.