Más de 1.500 nicaragüenses permanecen varados en condiciones precarias en países vecinos y en islas del Caribe, de los cuales 500 están en un limbo migratorio en las fronteras centroamericanas, denunció este miércoles la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
“Queremos seguir alertando de la gravísima situación de 1.000 nicaragüenses en algunas islas del Caribe, particularmente en Islas Caimán, donde están 500, de los cuales 105 han intentado retornar, sin hasta ahora tener éxito”, dijo Félix Maradiaga, integrante del Consejo Político de la UNAB.
El régimen de Daniel Ortega se ha negado a recibir a los nicaragüenses a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, no obstante a partir de julio supuestamente aceptó el ingreso “ordenado”, imponiendo como requisito un certificado negativo de la prueba del coronavirus.
“El régimen no sólo viola la Constitución (de Nicaragua), sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la guía sobre el COVID-19 y los derechos de las personas migrantes, emitida por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en abril de este año”, señaló la UNAB en un comunicado.
Maradiaga aclaró que en el caso de los nicaragüenses que permanecen en islas del Caribe, estos no son migrantes, sino trabajadores contratados por empresas trasnacionales dedicadas al turismo durante temporadas de varios meses, que luego regresan a Nicaragua.
VARADOS EN EL SUR Y EN EL NORTE
El caso más urgente es el de los más de 500 nicaragüenses varados entre las fronteras de Costa Rica y Nicaragua, quienes llevan casi dos semanas a la intemperie, y viviendo de la caridad.
“Las condiciones en la frontera sur de Nicaragua son sumamente precarias, especialmente en cuanto a higiene. El único acceso al agua que tienen es el que reciben de donación, porque el régimen les ha cerrado las llaves de agua, están a la intemperie, sujetos a cualquier enfermedad, sólo tienen acceso a un servicio higiénico”, detalló la activista Ana Quirós.
Ella reclamó la presencia en el lugar de la Cruz Roja Nicaragüense, tal como lo ha hecho la Cruz Roja Costarricense, para asistir a los varados.
Para la UNAB, el régimen de Ortega está obligado por ley a permitir el ingreso de sus ciudadanos sin restricciones, y a cuidar de su salud incluso si se encuentran fuera de Nicaragua.
*Con información de EFE