El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua informó este lunes que más de 4,4 millones de nicaragüenses están aptos para votar en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.
El total de nicaragüenses que podrán participar en las votaciones es de 4.478.334, según el padrón electoral actualizado por el CSE.
Esa cantidad es 130.994 más que la lista presentada por las autoridades en julio pasado, cuando 4.347.340 ciudadanos cumplían con los requisitos para votar, como son tener al menos 16 años y haber participado en alguno de los tres últimos comicios, precisó EFE.
El Poder Electoral también anunció el establecimiento de 3.106 centros de votación en toda Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes.
Asimismo, detalló que los nicaragüenses podrán marcar sus papeletas en 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV), para una media de 332,7 votantes por cada.
La actualización del padrón electoral, que se cerró a cambios el pasado día 8 de septiembre, servirá para que los partidos políticos en contienda nombren a sus fiscales, quienes serán sus representantes en cada JRV.
“De esta manera se facilita el nombramiento de los fiscales, la presentación de las ternas y acreditación de las Juntas Receptoras de Votos”, dijo la presidenta del Electoral, Brenda Rocha, a través de medios oficiales.
En las elecciones participan el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.
El CSE definió el padrón dos días después de que dio por iniciado el periodo de campaña electoral, que concluirá el 3 de noviembre próximo.
El proceso electoral está marcado por la eliminación de tres partidos políticos de oposición por supuestamente violar la Ley Electoral, el encarcelamiento de al menos siete aspirantes a la Presidencia opositores acusados por presunta “traición a la patria” y el exilio de otros dos, más denuncias de un supuesto fraude que estaría fraguando el CSE, dominado por magistrados sandinistas, para favorecer al dictador Daniel Ortega.