Cada mes, Antón Martínez reserva 200 dólares de su salario como lavaplatos en Estados Unidos para enviárselos a su madre en Nicaragua.
Martínez, de 38 años, desearía que fuera más, pero todavía está tratando de encontrar un lugar en su nuevo país y pagar la deuda de sus trámites de migración.
Su contribución mensual a la familia fue parte de un aumento del 50 % en las remesas a Nicaragua en 2022, un salto masivo que los analistas atribuyen a los miles de nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos en los últimos dos años.
Esa migración ha ocurrido a medida que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión de las voces de la oposición desde principios de 2021. Además, la alta inflación mundial golpea el poder adquisitivo de las familias y las oportunidades de empleo siguen siendo limitadas en el país centroamericano.
Esta oleada de migrantes nicaragüenses a Estados Unidos fue en parte la razón por la que el gobierno de Joe Biden anunció en enero que comenzaría a rechazarlos en la frontera si no se registraban primero en línea para hacer peticiones de asilo.
Desde entonces, su número ha descendido vertiginosamente.
Pero Martínez, que llegó a finales de 2021, y otros que ya están allí mantienen a flote la economía de Nicaragua con los más de 3.200 millones de dólares que enviaron a su país el año pasado.
Este enorme incremento “sólo puede explicarse por el aumento desproporcionado de los emigrantes”, dijo a AP el economista nicaragüense Enrique Sáenz.
La emigración “se ha convertido en la principal política macroeconómica (de Ortega) y en su principal política social”, añadió.
El régimen de Ortega ha recibido sanciones de Estados Unidos y de Europa, pero las medidas se han dirigido a su círculo íntimo y a los miembros de su administración para evitar añadir más dificultades económicas al nicaragüense promedio.
Aun así, en el año fiscal que terminó el pasado septiembre, las autoridades estadounidenses registraron más de 163.000 encuentros con nicaragüenses en la frontera, más del triple que en 2021. Los encuentros alcanzaron su punto más alto en diciembre, con más de 35.000 y luego se desplomaron a 3.377 en enero.
Las razones van desde la falta de oportunidades económicas hasta la persecución directa de opositores políticos y voces disidentes.
Hasta 2022, Costa Rica había sido el principal destino de los nicaragüenses en los últimos años. Pero el sistema de asilo del pequeño país vecino está desbordado, la espera se prolonga ahora por años y su economía ha luchado para recuperarse de la pandemia del COVID-19.
En el caso de Martínez, se fue porque había participado en las protestas de 2018 y temía ser detenido en cualquier momento. “Echo de menos a mi madre y quiero a Nicaragua, pero no había otra cosa que hacer. Era irme o caer preso en algún momento”, dijo.
Sabrina Gazol Moncada, una universitaria de 28 años que tuvo que abandonar los estudios para buscar trabajo, salió de Nicaragua en octubre, un mes después de que su marido viajara también “mojado” a Estados Unidos.
“Es una decisión realmente difícil de tomar porque en última instancia estás dejando tu país, tu familia, la gente que te apoya y te quiere”, dijo a la AP.
Gazol se trasladó al norte en autobuses, a pie y dentro de furgones de carga con otras 200 personas. Tras tres semanas de un viaje a menudo duro y aterrador por Centroamérica y México, cruzó el Río Grande cerca de Eagle Pass (Texas), se entregó a la Patrulla Fronteriza y comenzó su proceso de solicitud de asilo.
En Nicaragua, “la gente que no está con el régimen de Ortega es amenazada y perseguida, no hay libertad de expresión”, afirmó.
No ha podido enviar dinero a casa desde que llegó a Estados Unidos porque sigue esperando el permiso para trabajar mientras tramita el asilo.
“En Nicaragua el gobierno hace lo que quiere y todo el mundo busca una salida”, señaló. “Al final, Nicaragua se va a quedar sin jóvenes, va a ser un país fantasma”.
*Con AP