A través de un pronunciamiento, 236 profesionales de la salud en Nicaragua le exigieron al régimen de Daniel Ortega que “libere” la realización masiva de las pruebas de COVID-19 tanto a nivel público como privado.
Los doctores se mostraron preocupados ante el avance de la pandemia en el país, y señalaron que es fundamental la realización del muestreo universal para lograr mitigar la epidemia y reducir el impacto en la mortalidad y en los servicios de salud del estado y la nación.
Los médicos indicaron que esperaban que el régimen Ortega-Murillo seguiría los lineamientos de la OMS –al igual que el resto de los países latinoamericanos–, “dándole prioridad a la salud y al bienestar común del pueblo, aún a expensas de grandes sacrificios económicos”, sin embargo se encontraron con la negligencia del Estado.
“Esperábamos que las autoridades sanitarias desarrollaran y ejecutaran un plan nacional con medidas básicas de preparación ante la amenaza inminente del SARS-CoV-2” como medidas de contención y mitigación, y transparencia en la información y comunicación, con mensajes claros, breves y precisos a la población general, reza el documento.
“Sin embargo, en lugar de cumplir las medidas recomendadas, el gobierno de Nicaragua ha promovido actividades masivas”, criticaron.
Los profesionales de la salud, detallaron que a esto se suma el agravante de exponer a los profesionales de la salud al riesgo de infección, con modalidades que “no han demostrado ninguna eficacia como las denominadas visitas casa a casa”.
Añadieron que, tampoco se han equipado adecuadamente las unidades de salud y el personal sanitario carece de las medidas básicas de protección para atender, con un riesgo mínimo, a la población enferma. “Al contrario, se ha desestimulado y restringido el uso de mascarillas y en algunos casos hasta prohibido su empleo, atentando con la salud de los trabajadores sanitarios”, subrayaron.
Asimismo, afirmaron que el MINSA ha generado información confusa sobre las personas afectadas por la infección. “Este tipo de comunicación ha creado desinformación en la población, obstaculizando el manejo responsable de la crisis sanitaria, convirtiéndose más bien en un factor facilitador de la diseminación de la infección”.
Advirtieron que, el muestreo a los casos sospechosos “es extremadamente insuficiente para detectar la progresión o desarrollo de la infección, se encuentra centralizado y con criterios arbitrarios y caprichosos para su realización, que persiguen el ocultamiento del estado de la epidemia”.
También recordaron que, para enfrentar el coronavirus en el país, Taiwán donó 1 millón de dólares, y que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó 26.000 pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19; sin embargo hasta la fecha el régimen orteguista no ha informado el plan de distribución y realización de dichas pruebas, ni rendido informe en qué utilizará el dinero.
“Consideramos que como ciudadanos nicaragüenses tenemos el derecho a recibir una salud integral de calidad, sin discriminación y es obligación inherente del estado garantizarla. La salud además de ser un Derecho Constitucional es un Derecho Humano y es una responsabilidad indelegable del Estado de Nicaragua garantizar este derecho”, aseveraron.
Los médicos además demandaron al régimen que transparente los datos pertinentes sobre la evolución de la epidemia de acuerdo con los estándares epidemiológicos internacionales, utilizando lenguaje técnico y claro. Que establezca públicamente su plan de contingencia ante esta emergencia de salud pública e implemente de inmediato las medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones masivas, así como de aislamiento y cuarentena que sean necesarias. Que garantice las medidas de protección adecuadas para todo el personal sanitario de los servicios de atención pública. Que garantice la existencia suficiente de medios diagnósticos, medicamentos y equipos de sostén vital (como ventiladores) a todos los pacientes con COVID-19 que lo ameriten. Que garantice –como el resto de los países del SICA– políticas de reducción o amortiguación del daño a nivel socio-económico (congelamiento de las tarifas de agua, luz, IVA y deudas bancarias, fondos de ayuda, etc.) que permitan un alivio ante la crisis sanitaria a los trabajadores de la salud y ciudadanos en general, así como garantizar la vigencia de los derechos humanos a la población más vulnerable.
Los médicos creen que a pesar del negligente manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, “aún es posible realizar acciones de mitigación que reduzcan el catastrófico impacto en la tasa de letalidad y en el sistema de salud”.
Los 236 profesionales reconocieron la labor del personal de salud en el país que, pese a esta crisis sanitaria, continúan brindando atención a la población sin los recursos de protección necesarios.
Por último, instaron a la población en general a “quedarse en casa”, cumpliendo todas las medidas de protección personal.