La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país.
En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones.
“Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”, dijo la Alta Comisionada.
Bachelet señaló que desde su último informe el pasado 23 de febrero, “mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones”.
“Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante”, subrayó.
Bachelet también expresó que le preocupa “la situación de las mujeres y adultos mayores privados de la libertad” y mencionó las dos leyes que aprobó en el último tiempo la dictadura de Ortega: la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Defensa de la Soberanía.
“Mi oficina ya había advertido que estas leyes podían ser utilizadas para perseguir a opositores, como está ocurriendo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo sus derechos políticos y los de los ciudadanos”, destacó.
La ex presidenta de Chile expresó que el régimen de Ortega “hace caso omiso a las peticiones de la comunidad internacional” y que sus acciones “limitan los derechos de la libertad de expresión y reunión pacífica”.
“Desde la segunda mitad de abril, mi oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra opositores y defensores de derechos humanos y un hostigamiento contra medios independientes”, continuó; al tiempo que dijo que “las acciones, en su conjunto, generan un clima de temor”.
Por último, manifestó que, conforme a lo establecido en su última resolución, “hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018”.
Asimismo, reiteró que “es urgente que se autorice el regreso de mi Oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país”.