Para el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, el Ministerio Público de Nicaragua “deja en evidencia” que es “un instrumento político” más del régimen de Daniel Ortega para “criminalizar” a los opositores y críticos de la dictadura en el país.
Ayer el Ministerio Público anunció que los juicios orales y “públicos” contra los presos políticos secuestrados en ‘El Chipote’ y bajo arresto domiciliar comenzarán este martes, por supuestamente “haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua”. También por “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”.
Sin embargo, el Ministerio Público los llama “criminales y delincuentes”, sin haberse dado un fallo judicial.
“Pone en evidencia lo que son, un instrumento político que junto con la Policía y el Poder Judicial se han convertido en la herramienta para la criminalización por la vía del uso de los casos que son inventados, prefabricados, la judicialización de la persecución política y el trato que se les da políticamente”, dijo Carrión en entrevista con La Mesa Redonda.
El abogado y miembro del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, los fiscales y jueces hacen una “combinación nefasta” para los derechos humanos de las personas que están siendo llevadas a los tribunales para aplicarles “leyes inconstitucionales”.
“Todas estas instituciones son partícipes de la comisión de crímenes de lesa humanidad que aún se mantienen en la impunidad”, zanjó Carrión.
En ese sentido, manifestó que todos los funcionarios y personas que cometieron privación arbitraria, violenta, tortura y “todos los atropellos por orden intelectual y por consumarlo materialmente”, son “co-responsables de crímenes de lesa humanidad, pendientes de juzgarse. Esa rendición de cuentas está pendiente”.
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QUÉ HACER
Carrión, indicó que aunque hasta ahora no se ha podido hacer nada en Nicaragua, en términos de Derecho y justicia, la tarea de las víctimas de la represión y organismos como el suyo es seguir denunciando y documentando, pues espera que en el futuro los responsables de estos crímenes sean juzgados.
“El derecho a la verdad, a la justicia se mantiene hasta el momento en completa impunidad”, mencionó, sin embargo, alentó a “documentar para eventuales acciones a nivel internacional”.
“En Nicaragua habrá transformación del Estado para que el pueblo de Nicaragua y las víctimas realicen ese derecho irrenunciable de conocer plenamente la verdad y que se identifique a cada uno de los que han cometido esos crímenes (…) Documentar todos los testimonios que dan cuenta del dolor provocado por este Estado del terror y seguir denunciando los abusos de poder que están en curso. No podemos resignarnos a creer nosotros mismos que la lucha ha sido en vano, no lo ha sido”, afirmó.
“Se hará justicia y tendrá que llegar para toda la infamia de todos los que están involucrados, que están aplicando la ley que es además de inconstitucional, de reforma requeté-torcida, sin la más mínima dignidad. Llegaré ese momento para el pueblo de Nicaragua”, concluyó.