El Ministerio de Salud (MINSA) amenazó el lunes con cárcel y con cancelar la licencia médica al neumólogo Jorge Iván Miranda por cuestionar el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia del COVID-19 en el país, denunció el galeno.
“Prácticamente este señor -viceministro Enrique Beteta- me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, dijo el médico a periodistas, al salir de una cita del MINSA.
El neumólogo es el sexto médico citado por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del MINSA en menos de una semana.
Miranda aseguró que las autoridades de Salud quisieron obligarlo a firmar un acta donde aceptaba que el MINSA tiene las herramientas legales para suspenderle la licencia médica y se negó, porque no lo ve “adecuado”.
“Me sentí amenazado con este señor porque, de manera soez, me hizo esas acusaciones”, agregó el especialista.
“PERSIGUEN MÉDICOS, EN VEZ DE VACUNAR Y SALVAR VIDAS”
Entre otras cosas, el funcionario le reclamó por las cifras que ha compartido sobre los fallecimientos en el contexto de la pandemia del COVID-19, y le advirtió que “esos datos no eran ciertos” y que podían actuar en contra suya para cancelarle la licencia o acusarlo de violar la Ley Especial de Ciberdelitos.
“Yo denuncio eso porque es un abuso a nosotros los médicos, que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia”, señaló Miranda, quien criticó a las autoridades de Salud por “estar persiguiendo a los médicos” en virtud de trabajar en vacunar a más personas y salvar más vidas.
A partir del jueves pasado las autoridades de salud comenzaron a citar a los médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les han advertido con aplicar la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.
La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.