El Consejo de Ancianos de Moskitia demandó al Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial que realice una amplia consulta con las comunidades que podrían verse afectadas por la ejecución del proyecto Bio-Clima que sería ejecutado por el régimen Daniel Ortega y que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El proyecto de “Bio-Clima: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”, fue aprobado el 13 de noviembre de 2020 para Nicaragua. El objetivo del mismo, según lo planteado, “es restaurar paisajes forestales degradados” en esas reservas, y “promover la ordenación sostenible del uso de la tierra y la ordenación forestal”.
La entidad acreditada del proyecto ante Fondo Verde del Clima es el BCIE y la entidad ejecutora es el régimen de Ortega. El costo total del proyecto es de 116.642,213 dólares, que incluye la financiación del Fondo Verde del Clima y la cofinanciación, con préstamos del BCIE y subvenciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
El proyecto supuestamente dará prioridad al uso de la regeneración natural de especies arbóreas nativas, y se restaurará y conservará los ecosistemas y los servicios ecosistémicos.
El proyecto será ejecutado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) señalado por organizaciones ambientales nacionales de cómplice en la depredación ambiental.
Al respecto, el Consejo de Ancianos dio a conocer sus planteamientos y demandas al banco, bajo el argumento que el “derecho al consentimiento previo, libre e informado es sagrado, es un proceso que debe incluir a todos los miembros de las comunidades que pueden ser afectados por las decisiones que se van a tomar”.
“Las discusiones deben ser amplias y la gente debe elegir sus propios representantes sin la interferencia de ninguna estructura del gobierno; y nuestros representantes deben ser respetados tanto en sus puntos de vista como en su integridad personal”, señalaron.
Aclararon que, “todo indígena y afrodescendiente que tiene una opinión distinta a la que tiene el gobierno no es un opositor, es un comunitario consciente de los riesgos y amenazas de los planteamientos del gobierno a nuestra cultura, a nuestra paz comunitaria, a nuestros medios de vida, a nuestra madre tierra, a nuestro futuro como pueblos originarios y, por eso diciente; por eso también nuestros líderes no pueden inscribirse como agentes extranjeros porque no trabajan para ninguna potencia extranjera, trabajan para nuestras comunidades”.
Reprocharon que la “imposición de autoridades comunales y territoriales que el gobierno realiza al no aceptar a las autoridades que las comunidades indígenas eligen, es la mayor amenaza a nuestra autonomía comunitaria, a nuestras formas de vida y los bosques que existen en nuestros territorios”.
Primero justicia y reparación
Expresaron que el arrendamiento “es una buena idea, sustentada legalmente por la Ley 445, la ley es de demarcación y titulación de territorios”, pero que hay mucho trabajo previo que debe realizarse, entre estos “el tema de justicia por las violaciones de derechos humanos a las comunidades y a indígenas hombres y mujeres de todas las edades, y por los delitos ambientales cometidos por los colonos deben haber justicia y reparación previa antes de hablar de arrendamiento”.
“Deben ser juzgados los promotores de las invasiones y responsables materiales e intelectuales desde las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas”, demandaron.
Apuntaron que aunque la ley sustenta que la permanencia de 5 años en la Costa Caribe da derechos, “eso no puede ser por encima de las violaciones a derechos humanos y los delitos a la madre tierra”. “Debe haber un análisis cuidadoso, responsable, apegado a acuerdos entre las comunidades y el gobierno para cada caso”, añadieron.
Por ello, los miskitos destacaron que “si no se resuelven primero las demandas de justicia de los de las comunidades, otorgar derechos a colonos con cinco años de haber ingresado con violencia a nuestros territorios e incluso dar arrendamiento, será legalizar y legitimar la violencia, la injusticia y el despojo de pacto que ahora mismo los colonos llevan a cabo, sería promover una de las mayores injusticias contra las comunidades indígenas del caribe”.
Propuestas
El Consejo de Ancianos propuso “ampliar las consultas del proyecto a las comunidades, dar más tiempo a las comunidades, para que mejor informadas puedan analizar la propuesta que ha hecho el gobierno”.
“Hay muchas comunidades que a esta altura del proceso no conocen esta propuesta y esto es inaudito e incluir a representantes independientes de cada una de las comunidades en las consultas y debates con el IRM”, señalaron.
Asimismo, que el régimen orteguista “debe mostrar buena voluntad y buena fe, permitiendo que las comunidades elijan a sus autoridades sin interferencias políticas y aceptando a esas autoridades. También empezando a investigar a los responsables materiales e intelectuales de las invasiones sean indígenas, sean políticos, sean mestizos, sean abogados, sean militares, sean pastores”.
También, que debe iniciarse “un proceso de reparación del daño integral que las comunidades ya han sufrido producto de las invasiones”, pues el arrendamiento “no ofrece la oportunidad de reparación, solo de compensación”.
“Lo que tiene sentido para las comunidades es volver a ocupar sus bosques como parte de una reparación y compensación integrales”, concluyeron.