La exguerrillera sandinista y exdiputada Mónica Baltodano denunció que el régimen orteguista le negó a ella y su familia la renovación de sus pasaportes desde el Consulado de Nicaragua en Costa Rica, donde se encuentran exiliados desde agosto de 2021.
“Nueva agresión de la dictadura contra mi familia. Quiero por este medio denunciar otra violación a los derechos humanos de mi esposo Julio López Campos, nuestro hijo Umanzor y de mi persona. A los tres nos negaron la renovación de nuestros pasaportes, después de realizar todos los tramites en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica”, escribió Baltodano en su cuenta de Facebook.
Explicó que las autoridades del Consulado les comunicaron que “por instrucciones de Migración en Managua”, debían realizar el trámite en Nicaragua.
“Ellos saben que estamos exiliados, para evitar ser encarcelados como muchos opositores. Esta acción violenta nuestros derechos civiles y humanos”, señaló.
El pasaporte de Umanzor venció en diciembre de 2021, mientras que el de Baltodano y su esposo vencen en mayo de este año.
“Es un acto de negación de nuestra nacionalidad que busca impedirnos de facto ejercer la ciudadanía efectiva como nicaragüenses. Tanto la cédula como el pasaporte son documentos que a uno lo acreditan como nacional del correspondiente Estado, y esta actuación, motivada en una represalia política, intenta de facto convertirnos en apátridas (aunque no nos hayan retirado por resolución la nacionalidad)”, indicó la exguerrillera, beneficiaria ella y su familia de medidas cautelares por parte de la CIDH.
“Es una violación a nuestro derecho de libre circulación, que no solo nos restringe a permanecer en Costa Rica, sino que nos impide reencontrarnos con la familia en otros países y ejercer plenamente nuestras libertades. Es una violación al derecho al trabajo, ya que nos impide viajar a otros países en donde podríamos trabajar o generar ingresos para sobrevivir”, continuó.
“Es un abuso de autoridad por parte del Estado, pues ni siquiera emitieron una resolución que ‘sustente’ esta denegación. Al hacerlo verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma, reducida a ‘órdenes superiores’. El derecho a recurrir frente a decisiones de las instituciones públicas está consagrado en la Constitución y en las leyes”, añadió.
Según el artículo 72 de la Ley General de Migración y Extranjería, los pasaportes tienen una vigencia de diez años, y estos pueden ser renovados desde el extranjero, siempre y cuando haya una delegación nicaragüense en el país de estadía.