El obispo Rolando Álvarez, cumple este jueves una semana de secuestro domiciliario, en Managua, sin que hasta ahora el régimen de Daniel Ortega le haya formulado cargos.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sustraído la madrugada del viernes pasado por agentes policiales del palacio episcopal matagalpino junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días retenidos en el lugar.
La Policía acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, sin haber ofrecido pruebas de ello.
El cardenal Leopoldo Brenes, quien visitó a Álvarez en su residencia en Managua, hace siete días, afirmó que lo vio “desmejorado”.
“Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes”, aseguró Brenes el mismo día en que Álvarez fue trasladado a la capital.
El papa Francisco expresó el domingo su “preocupación y dolor” por la situación en Nicaragua y pidió “un diálogo abierto y sincero” para que “se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, aunque, en su llamado al final del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, no hizo referencia al arresto del obispo Álvarez.
El régimen orteguista no se ha referido a ese ofrecimiento de Francisco, sin embargo, a través de su embajada en Londres, ha compartido un artículo titulado “Un obispo de Nicaragua está de rodillas, pero no para pedir perdón”.
En ese artículo, la autora, la socióloga orteguista Magda Lanuza, asegura que Álvarez “fue uno de los líderes católicos involucrados en el violento intento de golpe de Estado en Nicaragua en 2018”, que es a como Ortega califica una revuelta popular que estalló por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron aplastadas a la fuerza.
Por su lado, el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán explicó hoy que el obispo Álvarez “no está en casa por cárcel, ni en resguardo domiciliar”, como lo ha definido la Policía, sino que se trata de un secuestro.
“Su secuestro se computa desde el 04 de agosto y no desde que fue trasladado forzosamente (el viernes pasado), y que ahora esa ilegalidad trasciende a otros familiares ajenos a su causa”, anotó Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario del Poder Judicial, en Twitter.
*Con EFE