Esta semana se dio el lanzamiento de una nueva organización llamada Coalición por la Justicia en Nicaragua (CJN), en la que organizaciones nicaragüenses defensoras de derechos humanos apuestan por la Justicia Internacional.
El objetivo de esta nueva Coalición es “terminar con los pactos y las amnistías como mecanismos de transición”.
“La Coalición por la Justicia en Nicaragua es una iniciativa de coordinación y actuación conjunta de organizaciones nicaragüenses, con el respaldo de organizaciones internacionales, que demanda la puesta en marcha de procesos de rendición de cuentas en relación con los eventos de abuso de poder, de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que acontecen en Nicaragua, especialmente los sucedidos a partir de abril de 2018”, reza un pronunciamiento.
La CJN señala que es “deber de investigar y sancionar” a las personas responsables de los crímenes y “la necesidad de establecer mecanismos y recursos efectivos de justicia y de rendición de cuentas” para satisfacer los derechos de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos hacen parte de las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense.
Agregó que, considerando las condiciones en Nicaragua y de las personas que fueron forzadas al exilio, los miembros de la CJN decidieron juntar esfuerzos para confrontar la negación de los hechos y de la responsabilidad oficial, promover el reconocimiento de las víctimas, y fortalecer un proceso social de reclamación de justicia.
Las acciones de esta Coalición serán concertadas a mediano y a largo plazo que, “por medios programáticos, logren hacer frente a los constreñimientos y obstáculos que reducen el campo de la acción cívica en Nicaragua, pongan en marcha acciones que procuren justicia, y cimienten las bases para un proceso robusto de rendición de cuentas liderado por nicaragüenses”.
La CJN Inició una serie de documentos de trabajo que abordarán distintas dimensiones de los problemas de los nicaragüenses para procurar que respondan por sus actos quienes sean responsables de las violaciones manifiestas, y para promover cambios y transformaciones que fortalezcan el Estado de derecho en Nicaragua.
Las entregas se harán de manera gradual hasta finales de 2020, buscando generar debates y ofrecer pistas para evitar que la impunidad, nuevamente, tiña la historia institucional del país, detalló la nueva Coalición.