El abogado constitucionalista y analista político Juan Diego Barberena calificó como un “asalto a la propiedad” la recién aprobada Ley de Territorios Fronterizos (Ley 1258), que afecta directamente a 27 municipios de Nicaragua.
Según su análisis, la normativa constituye un instrumento de confiscación masiva y de control político, bajo el argumento oficial de “combatir la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Barberena subrayó que esta ley debe entenderse en el marco de la llamada “Constitución Chamuca”, vigente desde el 18 de febrero de 2025, la cual —según él— marcó la ruptura definitiva de la continuidad jurídica en Nicaragua.
“La Constitución perdió la capacidad de limitar el poder político, que es su principal función, y garantizar los derechos ciudadanos; entonces cualquier norma puede entrar en vigencia en el ordenamiento jurídico, independientemente que violente o no violente lados constitucionales”, advirtió Barberena en entrevista con La Mesa Redonda.
Una norma confiscatoria
El constitucionalista señaló que, en la práctica, la Ley 1258 se resume en dos artículos centrales: el primero, que define los territorios fronterizos dentro de 15 kilómetros hacia el interior del país; y el segundo, que establece que todas las propiedades en esa franja pasan a ser propiedad del Estado.
“Es una ley absolutamente confiscatoria, es confiscar a los nicaragüenses que tienen propiedades dentro de los 15 km al interior de Nicaragua partiendo de la frontera convencional”, dijo Barberena agregando que este despojo afecta tanto a grandes terratenientes como a pequeños productores y comerciantes que han invertido en esos territorios.
La norma deroga la Ley 749, que hasta ahora garantizaba el respeto a la propiedad privada y establecía parámetros de seguridad fronteriza. Con la nueva legislación, el Ejército de Nicaragua queda facultado para actuar sin límites en la zona, lo que abre la puerta a desalojos forzados y militarización del área.
Negocio y control político
Barberena advirtió que la ley no solo persigue fines represivos, sino también económicos, al liberalizar totalmente el otorgamiento de concesiones mineras y de explotación de recursos en los territorios fronterizos.
“Aquí creo que está la segunda gran motivación de esta ley, que es económica. Es la absoluta liberalización de las concesiones; es decir, que el régimen Ortega Murillo al momento de otorgar concesiones mineras a empresas chinas que no haya ningún tipo de restricción legal para que ellos puedan ejercer con suficiente discrecionalidad absoluta el otorgamiento de las concesiones”, apuntó.
El experto comparó la Ley de Fronteras con la Ley 840, que entregó jurisdicción y soberanía a la concesionaria del fallido proyecto del canal interoceánico. En este caso, considera que la norma abre paso a la creación de enclaves económicos y militares, similares a los “regímenes especiales de desarrollo” impulsados en Honduras por el expresidente Juan Orlando Hernández.
Represión y resistencia
En lo político, Barberena alertó que la norma busca consolidar un “totalitarismo punitivo penal”, criminalizando la disidencia y otorgando al Ejército poder absoluto en la zona fronteriza.
“El Ejército fácilmente puede establecer cinco o siete retenes en esos 15 km, puede requisar y decomisar los productos de los comerciantes… El Ejército tiene total discrecionalidad, un ejército actuando con total discrecionalidad y con poder absoluto”, advirtió.
Aunque reconoció que la población se encuentra en una situación de “absoluta indefensión”, hizo un llamado a la documentación y denuncia de cada acto represivo, confiscación o presencia de personeros extranjeros en las zonas afectadas.
“La gente tiene que seguir con sus actividades comerciales, esa es parte de la resistencia, es decir, continuar ejerciendo la titularidad de lo que les pertenece. Eso no le pertenece a los Ortega Murillo, le pertenece a los ciudadanos que con mucho sacrificio han comprado sus propiedades en esos territorios”, expresó.