Los orteguistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron por unanimidad este miércoles 27 de agosto, en primera legislatura, la iniciativa de reforma parcial al artículo 125 de la Constitución Política y a la Ley N°. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía.
La modificación fortalece las atribuciones de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el nombramiento de las máximas autoridades policiales.
Reforma al artículo 125
“Se reforma el inciso 10 del artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, cuyo Texto Íntegro fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 32 del 18 de febrero de 2025, el que se leerá así: ‘Artículo 125. Son atribuciones de la Presidencia de la República, las siguientes: 10) Nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua de entre los miembros de la Jefatura Nacional; a los Subdirectores y Subdirectoras Generales y al Inspector o Inspectora General. Otorgar los grados de Primer Comisionado o Primera Comisionada y Comisionados o Comisionadas Generales. Así como nombrar a la o el Comisionado General del Ministerio del Interior. Todo de conformidad a la Ley de la materia’”, reza el texto publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional.
Reforma a la Ley N°. 872
“Se reforman los artículos 11 y 47 de la Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, cuyo texto consolidado se encuentra contenido en el Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Orden Interno, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 09 del 18 de enero de 2024”, reza el docuemento.
Según el texto aprobado, los co-dictadores, en su carácter de “Jefatura Suprema de la Policía”, podrán nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de Nicaragua, seleccionados de entre los miembros de la Jefatura Nacional que ostenten el grado de Comisionado o Comisionada General.
Estos ejercerán la dirección, administración y mando único en la institución policial, bajo la autoridad de Ortega y Murillo.
El periodo de nombramiento será de seis años, con posibilidad de prórroga “de acuerdo a los intereses de la nación”.
Además, los jefes designados permanecerán en el cargo hasta que sus sucesores tomen posesión.
El decreto establece como fecha de nombramiento el 26 de diciembre del año que corresponda, con toma de posesión el 26 de febrero del año siguiente.
La reforma también sustituye en toda la normativa nacional la denominación “Director o Directora General de la Policía Nacional” por la de “Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”.
Asimismo, se introdujo una disposición transitoria que faculta a los co-dictadores a nombrar el nuevo cargo vacante de Jefe de las Fuerzas Policiales creado a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Con esta reforma, la dictadura consolida un mayor control sobre la estructura de mando de la Policía.