La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó ayer martes el informe “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras”, que documenta cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido sus estrategias de represión hacia ciudadanos nicaragüenses en el exilio.
Según el documento, los abusos violan derechos humanos fundamentales y se han intensificado desde 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua identificó un patrón sistemático de represión transnacional que se materializa en ocho métodos principales:
1. Privación arbitraria de la nacionalidad
- Reformas legislativas que conducen a la pérdida de la nacionalidad para los “traidores a la patria”.
- Juicios injustos basados en casos fabricados.
- Pérdida de la nacionalidad sin notificación mediante la eliminación de documentos inscritos en el registro civil.
La dictadura en Nicaragua ha aplicado la privación de la nacionalidad como mecanismo selectivo de represión política, afectando a dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, líderes religiosos y familiares de opositores.
Desde febrero de 2023, 452 personas fueron despojadas de su nacionalidad mediante resoluciones judiciales que las declaraban “traidores a la patria”.
La ONU destaca que estas medidas violan derechos internacionales como el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
2. Prohibición de entrada en su propio país
- Prohibición informal mediante notificación a empresas de transporte.
- Prohibición directa por parte de funcionarios en las fronteras.
- Ausencia de documentación oficial y de recursos legales.
- Uso de estructuras de vigilancia e inteligencia para identificar objetivos.
Desde 2018, el régimen ha impedido a 318 ciudadanos nicaragüenses regresar al país, incluidas personas con vínculos familiares cercanos y menores de edad. Estas prohibiciones se incrementaron tras la expulsión de 222 personas a Estados Unidos en 2023, y afectan gravemente la libertad de circulación, la educación, el trabajo y la salud de los afectados.
Muchas víctimas han tenido que redactar “cartas de arrepentimiento” o pagar sobornos para ingresar, mientras sus perfiles son vigilados por la Dirección General de Migración y Extranjería en coordinación con el FSLN y Rosario Murillo.
3. Denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentación oficial
- Denegación o retraso injustificado en la expedición o renovación de pasaportes sin explicación.
- Supresión o alteración de partidas de nacimiento y actas de matrimonio sin notificación.
- Denegación, revocación o supresión de títulos y expedientes académicos o títulos profesionales.
- Uso de vigilancia e inteligencia para seleccionar objetivos.
El Estado ha bloqueado el acceso a pasaportes, partidas de nacimiento y expedientes académicos, afectando a personas en el exilio y a sus familias. La negación de pasaportes ha generado situaciones de apatridia de facto y ha impedido viajes, reunificación familiar y regularización migratoria.
Adicionalmente, las autoridades han eliminado o alterado documentos del registro civil, incluyendo partidas de nacimiento y actas de matrimonio, generando una forma de “muerte civil” que afecta incluso a los hijos de los perseguidos.
4. Confiscación de bienes y otros activos (incluidas pensiones)
- Aplicación de órdenes judiciales tras juicios injustos basados en casos fabricados.
- Confiscación sin procedimientos legales conocidos.
- Ocupación de propiedades y confiscación de pensiones bajo justificación de falta de pruebas de vida.
- Ausencia de recursos efectivos para los afectados.
Desde 2018, las autoridades han confiscado propiedades, vehículos, empresas, cuentas bancarias y pensiones de opositores y sus familiares, muchas veces sin base legal ni acceso a defensa.
Estas medidas afectan el derecho a la propiedad, a la seguridad social y generan impactos económicos severos, especialmente sobre niñas, niños y personas adultas mayores dependientes de los ingresos confiscados.
5. Vigilancia, amenazas y acoso
- Vigilancia digital, amenazas, acoso y campañas de desprestigio a través de una arquitectura de inteligencia de múltiples niveles (ejército, policía, servicio exterior y actores no estatales, incluidas “granjas de troles” y redes de bots).
- Vigilancia, acoso y amenazas por parte de agentes encubiertos e informantes.
Nicaragua mantiene una red de inteligencia y vigilancia transnacional que incluye el Ejército, la Policía, el servicio exterior y grupos afines al FSLN.
Las víctimas son objeto de seguimientos físicos, espionaje digital, pirateo de cuentas y campañas de difamación en redes sociales, con amenazas directas y hostigamiento de diversa índole en países como Costa Rica, Honduras, España y Estados Unidos.
6. Violencia física
- Ataques selectivos con armas de fuego perpetrados por personas no identificadas con alto nivel de organización.
- Amenazas de muerte y advertencias previas a los ataques.
El informe documenta asesinatos e intentos de asesinato contra nicaragüenses en el exilio, incluyendo el caso reciente de Roberto Samcam, crítico del régimen asesinado en San José en junio de 2025.
También se registran ataques contra Joao Maldonado y Rodolfo Rojas Cordero, mostrando un patrón de violencia física organizada para silenciar opositores fuera de Nicaragua.
7. Uso indebido de mecanismos internacionales de cooperación y control
- Informes falsos que abusan de bases de datos internacionales, como SLTD y notificaciones rojas de INTERPOL.
- Solicitudes de extradición por motivos políticos.
- Acusaciones falsas para instrumentalizar normativas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El régimen ha manipulado sistemas internacionales como las notificaciones rojas de INTERPOL y bases de datos de pasaportes robados, exponiendo a ciudadanos a detenciones y riesgos de extradición.
Asimismo, ha difundido acusaciones falsas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para bloquear acceso a sistemas financieros internacionales, criminalizando a opositores en el extranjero.
8. Castigo por asociación de familiares y personas vinculadas en el país
- Vigilancia, acoso y amenazas por parte de policía, ejército y grupos armados progubernamentales.
- Detenciones arbitrarias y confiscación de bienes, activos y pensiones.
- Despidos, alteración de documentos del registro civil, denegación de pasaportes y prohibición de salida del país.
Las autoridades nicaragüenses han regularmente dirigido sus acciones contra los familiares y asociados que permanecen en el país de personas opositores reales o percibidas en el exilio como medio de “castigarlas y silenciarlas”.
La Dirección General de Migración y Extranjería ha obstaculizado o denegado sistemáticamente la emisión o renovación de pasaportes de familiares, incluidos niños menores de 18 años, de personas opositoras reales o percibidas en el exilio, especialmente de los familiares de quienes fueron privados de la nacionalidad nicaragüense.
Conclusión del Grupo de Expertos
El informe subraya que estas prácticas constituyen un patrón sistemático y transnacional de represión política, afectando a opositores, sus familias y ciudadanos nicaragüenses en el exilio.
La ONU exhorta a la comunidad internacional a reforzar la protección de estas personas, garantizar procedimientos de asilo justos y exigir responsabilidad a los responsables de estas violaciones.
.