El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió este lunes extender por un año más, hasta el 15 de octubre de 2026, las sanciones impuestas a 21 funcionarios y tres entidades de Nicaragua en respuesta al deterioro de la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano.
Las medidas, vigentes desde 2019, incluyen congelación de activos, prohibición de proveer fondos desde la UE y veto de entrada o tránsito por territorio europeo.
Las personas sancionadas son:
- Ramón Antonio Avellán
- Sonia Castro González
- Francisco Javier Díaz Madriz
- Néstor Moncada Lau
- Luis Pérez Olivas
- Justo Pastor Urbina
- Rosario María Murillo Zambrana
- Gustavo Eduardo Porras Cortés
- Juan Antonio Valle Valle
- Ana Julia Guido Ochoa
- Fidel de Jesús Domínguez Álvarez
- Alba Luz Ramos Vanegas
- Juan Carlos Ortega Murillo
- Bayardo Arce Castaño
- Camila Antonia Ortega Murillo
- Laureano Facundo Ortega Murillo
- Brenda Isabel Rocha Chacón
- Cairo Melvin Amador Arrieta
- Lumberto Ignacio Campbell Hooker
- Nahima Janett Díaz Flores
- Luis Ángel Montenegro Espinoza
Las entidades sancionadas son:
- Policía Nacional de Nicaragua
- Consejo Supremo Electoral (CSE)
- Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor)
En un comunicado, la UE reiteró su llamado al restablecimiento de las libertades fundamentales, la liberación de todos los presos políticos y el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua.
Además, instó al régimen de Ortega a poner fin a la represión dentro y fuera del país, respetar el derecho a la disidencia y reanudar la cooperación con la ONU y organismos internacionales.
“La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición”, señaló la institución comunitaria, que reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense y su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Las sanciones de la UE forman parte de un marco adoptado en octubre de 2019, tras las protestas de abril de 2018 y la escalada represiva que marcó la deriva autoritaria del régimen Ortega-Murillo.
Estas medidas son revisadas anualmente por los Estados miembros.