Durante una entrevista con La Mesa Redonda, Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, explicó que existen tres razones principales detrás de la decisión del régimen Ortega-Murillo de haber entregado más de 565,000 hectáreas del territorio nicaragüense a empresas chinas para la explotación del oro.
El dato representa una superficie mayor que la extensión total del departamento de Managua y equivale a 5,658 kilómetros cuadrados, superando incluso a Chinandega o Estelí.
1 . Control económico y lavado de dinero
El régimen busca convertirse en socio de las empresas chinas para controlar el sector minero —la principal fuente de divisas del país— y blanquear capital ilícito a través de la comercialización del oro.
Según Ruiz, el propio informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) advierte que el sector minero es uno de los más vulnerables al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
2. Blindaje político internacional
Ortega intenta atar los intereses chinos a los suyos, de manera que cualquier ataque político o sanción internacional contra la dictadura afecte también a los capitales chinos, utilizándolos como escudo diplomático.
3. Expansión del control territorial y represión
Las concesiones abarcan territorios indígenas y afrodescendientes, además de áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, violando tratados ambientales y derechos de consulta previa.
Un modelo de saqueo sin desarrollo local
El oro representa más del 35% de las exportaciones nicaragüenses, con ventas superiores a 1,400 millones de dólares en 2024, pero según Ruiz, la población no recibe beneficios reales.
La minería apenas genera 3,500 a 4,000 empleos, frente a más de 150,000 que produce el sector agrícola.
“En las comunidades mineras hay pobreza, contaminación y pérdida de fuentes de agua; no hay desarrollo ni infraestructura”, afirmó Ruiz.
Concesiones opacas y empresas fantasma
Las empresas chinas beneficiadas con concesiones mineras son de reciente creación (desde 2019) y no tienen historial ni experiencia comprobada en minería.
Varias comparten los mismos representantes legales y operan con razones sociales duplicadas, lo que evidencia un esquema diseñado para ocultar los verdaderos propietarios y facilitar transacciones ilícitas.
Ruiz señaló que este modelo recuerda al fallido proyecto del canal interoceánico, impulsado por capitales chinos sin solvencia ni transparencia. Además, el régimen ha reformado leyes ambientales para eliminar la obligación de estudios de impacto y permitir la minería en áreas protegidas, debilitando el marco legal de conservación
Exigen acciones internacionales
Fundación del Río llama a los países importadores de oro nicaragüense —como Estados Unidos, Canadá, Suiza e Italia— a verificar el origen del oro y suspender la compra de minerales provenientes de un régimen autoritario.
“La responsabilidad no solo recae en Nicaragua, sino también en los países que compran este oro sabiendo que proviene de violaciones ambientales y de derechos humanos”, advirtió Ruiz.