El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este martes la “donación” de 45 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante una serie de acuerdos publicados en La Gaceta, Diario Oficial.
Según los documentos, el traspaso tiene como propósito “fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses” y ampliar la capacidad institucional del INSS para ejecutar proyectos.
Sin embargo, opositores denuncian que se trata de bienes confiscados a organizaciones civiles, comunidades religiosas y ciudadanos despojados de sus propiedades por razones políticas.
De acuerdo con los registros oficiales, 40 de los inmuebles están ubicados en Rivas, dos en Managua y los restantes en Nueva Segovia, Chinandega y Masaya.
El proceso de traspaso será ejecutado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), encabezada por la sancionada Wendy Morales, señalada de administrar las confiscaciones del régimen.
Los acuerdos también autorizan a Roberto López, presidente del INSS, a “aprobar” y “aceptar” la donación de los bienes, sin ofrecer ningún detalle sobre sus ubicaciones exactas.
El uso de un sistema registral opaco impide conocer la identidad de los antiguos propietarios o el origen de las propiedades.
Analistas y defensores de derechos humanos advierten que, bajo el discurso de “fortalecer la seguridad social”, el régimen está legalizando un vasto esquema de confiscaciones que contradice el artículo 44 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente este tipo de prácticas.