Estados Unidos anunció este 10 de diciembre un nuevo paquete de medidas comerciales contra Nicaragua que impondrá aranceles graduales a productos no amparados por el CAFTA-DR, tras concluir que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incurre en “abusos de derechos laborales, violaciones de derechos humanos, restricciones a libertades fundamentales y desmantelamiento del Estado de derecho”.
La decisión, adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo reservado para prácticas que Washington considera irrazonables y perjudiciales para el comercio estadounidense.
Aranceles hasta 2028: de 0 % a 15 % en dos años
Los aranceles se aplicarán únicamente a productos nicaragüenses que no califican bajo las reglas de origen del CAFTA-DR, e iniciarán el 1 de enero de 2026 con una tarifa de 0 %, que aumentará a 10 % en 2027 y alcanzará 15 % en 2028.
Estas tarifas se sumarán al Arancel Recíproco del 18 % ya vigente, lo que implica un incremento significativo para parte de las exportaciones nicaragüenses que ingresan al mercado estadounidense fuera del marco del tratado comercial.
La USTR advirtió que el calendario podría modificarse —incluyendo aceleración o ajustes— si Nicaragua no muestra avances verificables en la corrección de los abusos documentados.
Motivo central: violaciones sistemáticas de derechos laborales y humanos
La medida sigue a una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024 bajo la Sección 301, en la cual el USTR recibió y analizó más de 2.000 comentarios públicos, testimonios de expertos y aportes de agencias federales.
En octubre de 2025, el organismo concluyó que el regimen de Nicaragua:
- No garantiza derechos laborales fundamentales.
- Incumple obligaciones internacionales en derechos humanos y libertades básicas.
- Ha desmontado pilares esenciales del Estado de derecho.
- Mantiene políticas que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.
Parte de los testimonios recabados incluían denuncias de violaciones graves de derechos humanos, algunas de las cuales fueron remitidas al Departamento de Estado para evaluación y posibles acciones adicionales.
CAFTA-DR se mantiene, pero no implica normalización
La decisión no suspende a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Esto significa que:
- Las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del tratado mantendrán su acceso preferencial al mercado estadounidense.
- Sectores claves como el textil y la confección —que dependen del CAFTA-DR— no enfrentarán incrementos inmediatos de aranceles.
Sin embargo, Washington subrayó que mantener el CAFTA-DR no representa un aval político al régimen. Las autoridades reiteraron que pueden escalar medidas si no se observan cambios sustantivos en derechos humanos y laborales.
Balance entre presión política y estabilidad comercial
La USTR afirmó que la medida busca responder a violaciones documentadas sin desestabilizar cadenas de suministro estadounidenses que dependen de la producción nicaragüense, especialmente en manufactura y ensamblaje.
El comunicado oficial enfatiza que las acciones “equilibran la necesidad de actuar” frente a prácticas abusivas con la “importancia de limitar disrupciones” para empresas de Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Donald Trump ya había advertido sobre la posibilidad de aplicar aranceles de hasta 100 % a Nicaragua, pero esta es la primera determinación formal bajo la Sección 301 específicamente vinculada a abusos laborales y de derechos humanos.
Lo que viene
La USTR anunció que emitirá un aviso en el Registro Federal para formalizar la implementación de los aranceles y detallar los productos afectados.
El organismo también dará seguimiento a la conducta del régimen nicaragüense para decidir si mantiene, modifica o intensifica la presión comercial en los próximos años.