El gobierno de Costa Rica exigió a Nicaragua asumir su responsabilidad ante el avance de la minería ilegal en la zona fronteriza de Crucitas, y demandó un refuerzo inmediato de los patrullajes en el río San Juan, señalado como una ruta activa para el trasiego de oro extraído por redes ilícitas que operan con permisividad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, envió una comunicación al canciller Arnoldo André para que, por vía diplomática, gestione ante el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega un refuerzo urgente de la vigilancia en la ribera nicaragüense.
La solicitud responde al incremento de actividades vinculadas al crimen organizado transnacional que operan en esta zona limítrofe.
Según explicó Zamora, grupos ilegales extraen sedimentos con contenido de oro en territorio costarricense, específicamente en Crucitas, y posteriormente los trasladan en barcazas hacia puntos ubicados en la margen nicaragüense del río San Juan.
Esta dinámica ha convertido la frontera en un corredor estratégico para el saqueo de recursos minerales costarricense.
El ministro enfatizó que los operativos del lado costarricense resultan insuficientes si no existe una acción coordinada con Nicaragua. “Es fundamental que se incrementen el número y la frecuencia de patrullajes en el río San Juan”, indicó en la misiva, al advertir que la falta de control en la margen norte facilita la consolidación de estas estructuras criminales.
Pero la preocupación del gobierno costarricense va más allá del delito ambiental. Zamora alertó que decisiones recientes del régimen nicaragüense, como la concesión de amplias zonas cercanas a la frontera a empresas extranjeras —particularmente de origen chino—, podrían generar un efecto colateral de gran escala: una ola migratoria hacia Costa Rica.
De acuerdo con sus proyecciones, entre 10.000 y 15.000 personas podrían desplazarse hacia territorio costarricense en busca de oportunidades vinculadas a la extracción de oro, en un contexto donde la explotación minera en Nicaragua podría concentrarse de forma monopólica, dejando sin sustento a miles de ciudadanos en zonas fronterizas.
La situación en Crucitas y comunidades cercanas como Conchudita se ha deteriorado en las últimas semanas, lo que llevó al ministro a solicitar también a la Asamblea Legislativa de Costa Rica la aprobación del proyecto de ley 24.717, orientado a regular la exploración y explotación minera en Cutris de San Carlos.
Para las autoridades costarricenses, el problema ya no es únicamente ambiental, sino también de seguridad y gobernabilidad regional. La cooperación —o falta de ella— por parte del régimen de Ortega y Murillo podría marcar la diferencia en la contención de un fenómeno que combina minería ilegal, crimen organizado y presión migratoria en la frontera norte.