El gobierno de Estados Unidos intensificó su presión contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo al sancionar a cinco altos funcionarios señalados de facilitar la represión política, el control financiero y la vigilancia estatal en el país.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los acusa de liderar estructuras clave utilizadas por el régimen para perseguir a opositores, restringir libertades y consolidar su poder.
“El régimen ha continuado su campaña de represión y tiranía para intimidar y socavar a opositores pacíficos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que Washington seguirá exigiendo rendición de cuentas.
Aparato financiero usado como herramienta de persecución
Entre los sancionados destacan Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), señalada de operar como un mecanismo de control político.
Según el Tesoro, la UAF ha sido utilizada para monitorear ingresos desde el exterior, bloquear financiamiento a organizaciones opositoras y confiscar bienes de disidentes sin base legal, debilitando la independencia del sistema antilavado en el país.
Señalamientos por abusos laborales y clima hostil a empresas
También fue sancionada la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, a quien se le atribuye responsabilidad en políticas que han derivado en explotación laboral, competencia desleal y confiscación de propiedades.
Un informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. advierte que estas prácticas han generado un entorno de alto riesgo para inversiones extranjeras y han vulnerado derechos fundamentales.
Telecomunicaciones y vigilancia política
El Tesoro también apunta al rol del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), al que describe como pieza central del aparato de vigilancia del régimen.
Fue sancionada Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora del ente, en un contexto donde TELCOR tiene amplias facultades para interceptar comunicaciones, recolectar datos privados y monitorear redes sociales, tras la aprobación de nuevas leyes que refuerzan el control estatal sobre la información.
Inteligencia militar al servicio del control interno
Otra figura incluida en la lista es el mayor general Leonel José Gutiérrez López, vinculado a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), considerada una de las estructuras más opacas del aparato de seguridad.
De acuerdo con Washington, esta unidad ha sido clave en la vigilancia de periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y hasta militares retirados considerados desleales.
Sanciones con impacto económico y financiero
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de los designados en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de EE.UU.
Además, instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones con los funcionarios señalados.
Estas acciones se enmarcan en la política de presión sostenida de Washington contra el régimen nicaragüense desde la crisis de 2018, marcada por la represión de protestas, el cierre de espacios cívicos y el exilio forzado de opositores y periodistas.
El Tesoro subrayó que el objetivo final de estas medidas no es solo castigar, sino forzar cambios en el comportamiento del régimen y respaldar las demandas de libertad y justicia del pueblo nicaragüense.