Organizaciones civiles latinoamericanas alertaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estudiantes, docentes e investigadores en Nicaragua enfrentan una situación de creciente vulnerabilidad tras el cierre de al menos 37 universidades y las reformas legales que han eliminado la autonomía universitaria en el país.
Durante una sesión celebrada el 16 de marzo, las organizaciones denunciaron que el Estado nicaragüense ha intensificado el control sobre el sistema de educación superior, imponiendo autoridades universitarias, promoviendo el proselitismo político dentro de las instituciones y condicionando el acceso a becas y recursos académicos.
Según las organizaciones, en 2025 el régimen Ortega-Murillo reformó la Ley de autonomía universitaria, eliminando la capacidad de la comunidad académica de elegir a sus autoridades. En su lugar, el Consejo Nacional de Universidades —señalado como controlado por el sandinismo— asumió la designación de rectores y otras autoridades universitarias.
Las denuncias también apuntan a que el proselitismo político se ha institucionalizado dentro de las universidades, afectando procesos como la contratación de docentes, los contenidos de enseñanza y la asignación de beneficios sociales.
Asimismo, se han documentado casos en los que becas públicas son condicionadas a manifestaciones de apoyo a la dictadura, además del cambio de nombre de algunas universidades públicas para honrar a militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Las organizaciones advirtieron que el Estado también ha asfixiado financieramente a las universidades al incumplir la asignación del 6% constitucional del presupuesto nacional destinado a la educación superior.
Consecuencias para estudiantes y docentes
Las consecuencias de estas políticas han sido profundas para la comunidad académica. Miles de jóvenes han visto truncados sus estudios, mientras que numerosos docentes, investigadores y profesionales han sido perseguidos o forzados al exilio.
Según las denuncias presentadas ante el organismo internacional, esta situación está provocando la pérdida del capital intelectual del país y el debilitamiento del relevo generacional crítico en Nicaragua.
Las organizaciones señalaron además que muchos académicos en el exilio enfrentan condiciones de apatridia de facto, en medio de lo que califican como un patrón de represión transnacional.
Llamado a restaurar la autonomía universitaria
Ante este escenario, las organizaciones civiles expresaron su respaldo al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y pidieron al Consejo de Derechos Humanos instar al Estado nicaragüense a restablecer la autonomía universitaria, garantizar la libertad académica y proteger el derecho a la educación sin discriminación ni represalias.