El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional tres iniciativas de ley de carácter económico y comercial que incluyen amplias exoneraciones fiscales a empresas de zonas francas, modificaciones tributarias y una nueva regulación sobre importaciones vinculadas a trabajo forzoso.
Las propuestas fueron remitidas al plenario legislativo y posteriormente trasladadas a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su análisis.
Más beneficios fiscales para zonas francas
Uno de los proyectos reforma la Ley de Zonas Francas de Exportación (Ley 917), ampliando y flexibilizando los beneficios fiscales para las empresas que operan bajo este régimen.
Entre los cambios más relevantes se establece:
- Exoneración del 100% del Impuesto sobre la Renta (IR) y del impuesto a dividendos por hasta 15 años para empresas operadoras.
- Posibilidad de prorrogar estos beneficios de forma sucesiva, sin un límite claramente definido, con autorización estatal.
- Para empresas usuarias, exención total del IR durante los primeros 10 años y del 60% a partir del año 11, también con opción de prórrogas.
Además, se incorpora un nuevo artículo que otorga carácter indefinido a los beneficios fiscales, aunque una vez vencidos los plazos iniciales, las empresas comenzarían a tributar parcialmente.
Cambios en impuestos al consumo
Otra iniciativa plantea reformas a la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822), modificando la base imponible y las tasas del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC).
Los cambios impactan productos como:
- Bebidas alcohólicas
- Cervezas
- Cigarrillos
- Bebidas azucaradas y energéticas
Las nuevas disposiciones ajustan el cálculo del impuesto al precio del distribuidor y redefinen mecanismos de crédito fiscal para empresas.
Nueva regulación sobre trabajo forzoso
La tercera propuesta introduce un artículo a la Ley de Autodespacho (Ley 265) que obliga a importadores a declarar que los productos que ingresan al país no han sido elaborados mediante trabajo forzoso.
La normativa establece que:
- Los importadores deberán presentar una declaración escrita sobre el origen de los productos.
- Las autoridades podrán exigir documentación adicional si existen dudas.
- En caso de sospechas de falsedad, se abrirían investigaciones con la Policía y la Procuraduría.
La investigación de Estados Unidos
Esta última reforma surge en un contexto de creciente presión internacional. Nicaragua figura entre los países bajo investigación del gobierno de Estados Unidos por posibles fallas en el control de productos elaborados con trabajo forzoso.
El proceso, impulsado por la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), podría derivar en sanciones comerciales si se determina que el país permite la entrada de mercancías producidas bajo esas condiciones.
Señales contradictorias
Las reformas reflejan una doble dinámica: por un lado, el régimen amplía incentivos fiscales para atraer inversión extranjera a través de zonas francas; por otro, intenta responder a cuestionamientos internacionales en materia laboral y comercial.
La regulación sobre trabajo forzoso aparece más como una reacción a presiones externas que como una política estructural de derechos laborales.
Las iniciativas ahora deberán ser discutidas en comisión antes de su eventual aprobación en el Legislativo, dominado por el sandinismo.