El asesinato del mayor en retiro y exiliado político nicaragüense Roberto Samcam Ruiz podría estar vinculado tanto a las investigaciones que realizaba sobre presuntas redes de narcotráfico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como a un historial de amenazas que él mismo había documentado años antes de su muerte, según un informe del Organismo de Investigación Judicial, revelados por el medio CR Hoy.
De acuerdo con el expediente, Samcam recopilaba información sobre supuestas operaciones de trasiego de drogas desde Venezuela y Colombia hacia Nicaragua, mediante el uso de pistas clandestinas.
Los documentos, extraídos de sus dispositivos electrónicos, mencionan rutas aéreas presuntamente utilizadas por el Cártel de Sinaloa, así como vínculos con estructuras como las FARC y la existencia de al menos 92 pistas clandestinas en territorio nicaragüense.
El OIJ considera que la intención del exmilitar de denunciar estas actividades pudo haber sido el móvil de su asesinato, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José.
Carta revela amenazas y contactos con inteligencia costarricense
El informe también incorpora una carta redactada por Samcam el 15 de setiembre de 2019, encontrada en su vivienda tras el crimen, en la que detalla conversaciones con Jorge Torres Carrillo, subjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), sobre amenazas de muerte en su contra.
En el documento, Samcam asegura que, tras exiliarse en Costa Rica, estableció contacto con autoridades como Eduardo Trejos y Torres Carrillo, con quienes mantenía una relación de cooperación que le permitió conocer alertas sobre posibles atentados.
Estas advertencias incluían supuestos planes para asesinarlo mediante engaños, como una falsa entrevista con un periodista proveniente de Managua, que se realizaría en un hotel de San José. A raíz de ello, el exmilitar afirmó que reforzó sus medidas de seguridad y limitó sus apariciones públicas.
Además, según su relato, en diciembre de 2018 fue alertado sobre un presunto plan para secuestrarlo y trasladarlo a Nicaragua, y en 2019 recibió información sobre la posible infiltración de grupos vinculados a la inteligencia militar nicaragüense con intenciones de atentar contra exiliados.
Incluso, denunció que estos grupos podrían haber intentado ingresar al país aprovechando eventos como un partido entre las selecciones de fútbol de Nicaragua y Costa Rica por la Copa Oro, con el objetivo de ubicar a opositores.
Contradicciones tras el crimen
Tras el asesinato, el 21 de agosto de 2025, el director de la DIS aseguró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que no había recibido denuncias directas de exiliados que afirmaran que serían asesinados, lo que contrasta con el contenido de la carta de Samcam ahora incorporada al expediente judicial.
Capturas y avance del caso
Las investigaciones permitieron la detención de varios sospechosos en setiembre de 2025, tras allanamientos en distintos puntos del país, incluida la ciudadela León XIII, en Tibás. Entre los capturados figuran hombres de apellidos Chaves Medina, Orozco González, Robles Salas y Carvajal Fernández, quienes permanecen en prisión preventiva.
Según la hipótesis del Ministerio Público, uno de los imputados habría recibido el encargo de ejecutar el crimen y, a su vez, contratado a otros sujetos, incluido el presunto gatillero.
Otro de los detenidos habría cumplido funciones logísticas, facilitando la huida tras el ataque.
Posteriormente, en febrero de 2026, las autoridades lograron la captura de un quinto sospechoso, señalado como el autor material del homicidio, completando así el grupo operativo vinculado al crimen.
El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar si detrás del asesinato existe una estructura criminal más amplia o posibles vínculos internacionales.
El caso ha encendido alertas sobre la seguridad de opositores nicaragüenses en el exilio y refuerza la hipótesis de un crimen con motivaciones políticas y alcance transnacional, que podría involucrar estructuras vinculadas al poder en Nicaragua.