A ocho años del estallido social de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Nicaragua continúa atravesando una de las crisis de derechos humanos más graves de la región, marcada por la represión estatal, la impunidad y la consolidación del poder en el entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un pronunciamiento publicado este jueves 16 de abril, el organismo condenó las “continuas violaciones” y urgió al Estado nicaragüense a restablecer el Estado de derecho, cesar la represión y liberar “de manera inmediata e incondicional” a todas las personas detenidas por motivos políticos.
Según la CIDH, persisten patrones sistemáticos de abusos, entre ellos detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, restricciones a libertades fundamentales y condiciones de reclusión consideradas inhumanas y degradantes.
El organismo, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), reporta que al menos 46 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas en condiciones contrarias a la dignidad humana.
Además, durante una audiencia reciente, se documentaron denuncias sobre torturas, violencia sexual, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas.
Excarcelaciones bajo control y vigilancia
La CIDH también cuestionó las excarcelaciones anunciadas por el régimen nicaragüense en 2026, señalando que no representan una restitución plena de la libertad. Según el informe, las personas liberadas continúan bajo vigilancia, restricciones de movilidad y control policial, lo que limita su vida personal, laboral y familiar.
Estas prácticas, advierte el organismo, profundizan el miedo generalizado y provocan un subregistro de denuncias, debido al temor de represalias.
Impunidad y represión sostenida
El informe recuerda que desde el inicio de la crisis en abril de 2018, al menos 355 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión estatal, sin que hasta la fecha exista justicia para las víctimas.
A esto se suma la persistencia de violaciones al debido proceso, la criminalización de voces críticas —incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos— y severas restricciones a la libertad de culto.
La CIDH también alertó sobre la extensión de la represión más allá de las fronteras de Nicaragua, con denuncias de vigilancia, amenazas e incluso actos de violencia contra opositores en el exilio, así como el uso indebido de mecanismos internacionales como alertas de INTERPOL.
Impacto en comunidades y llamado internacional
El organismo destacó la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, quienes enfrentan invasiones de colonos, actividades extractivas y desplazamientos forzados en un contexto de desprotección estatal.
Ante este panorama, la CIDH reiteró su llamado al Estado nicaragüense a cesar todas las violaciones, restablecer la democracia y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, instó a la comunidad internacional a mantener la presión y promover acciones que contribuyan al retorno del Estado de derecho en el país.
“La plena vigencia de la democracia y el fin de la impunidad son la mejor garantía para el ejercicio efectivo de los derechos humanos”, subrayó el organismo, que reafirmó su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y acompañando a las víctimas.