Cada misa es vigilada, cada movimiento reportado y cada palabra medida. Un sacerdote nicaragüense rompe el silencio y expone cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene bajo asedio a la Iglesia Católica, en un país donde profesar la fe ya implica riesgo de cárcel o destierro.
“Cada domingo la policía llega a tomarme fotografías”. La frase, dicha bajo condición de anonimato al medio ACI Prensa, resume el nivel de vigilancia que enfrentan hoy sacerdotes y obispos en Nicaragua.
El presbítero describe un sistema de control permanente: deben informar a la Policía sobre cada celebración religiosa, detallar salidas de sus parroquias, indicar destinos y duración de sus desplazamientos. Todo queda registrado. Todo es monitoreado.
“Es una forma de corroborar que estamos donde hemos dicho que vamos a estar”, explica.
Si omiten informar, pueden recibir llamadas de advertencia o enfrentar consecuencias más graves.
La vigilancia no se limita a los sacerdotes. Según su testimonio, los obispos también son objeto de seguimiento constante, con agentes asignados y control sobre reuniones eclesiales. Incluso los encuentros del clero son observados por la Policía.
Predicar bajo amenaza
Hablar de la realidad social en una homilía puede convertirse en delito. El sacerdote es claro: referirse a problemas del país puede ser interpretado como un acto de oposición.
“Si hablamos de algún problema social, nos pueden ver como dando un discurso de sublevación”, advierte. Las consecuencias son conocidas: cárcel o destierro.
Por ello, asegura, los temas políticos y sociales han desaparecido prácticamente de las prédicas. La autocensura se ha vuelto una herramienta de supervivencia.
Silencio impuesto y diócesis intervenidas
El miedo también explica el silencio de muchos obispos. El sacerdote sostiene que existe temor a ser expulsados del país, como ha ocurrido con decenas de religiosos.
Actualmente, varias diócesis permanecen sin obispos dentro de Nicaragua, entre ellas Matagalpa y Estelí, vinculadas a Rolando Álvarez, quien fue desterrado en 2024.
La ausencia episcopal ha paralizado funciones esenciales de la Iglesia, como las ordenaciones sacerdotales. En los territorios donde aún hay obispos, las actividades se realizan con extrema discreción para evitar represalias.
Procesiones prohibidas y fe restringida
La represión también alcanza las manifestaciones públicas de fe. Las procesiones religiosas, tradición arraigada en el país, están prohibidas en su mayoría.
Solo algunas, como las de carácter cultural o turístico, han sido toleradas. Pero el resto permanece vetado. Intentar realizarlas puede derivar en amenazas de detención.
Iglesia sin recursos, sostenida por la gente
A la persecución se suma el asfixiamiento económico. La cancelación de Cáritas de Nicaragua y la prohibición de fondos internacionales dejaron a las parroquias sin apoyo institucional.
Hoy, los sacerdotes sobreviven gracias a la solidaridad de comunidades empobrecidas.
“Si sobrevivimos es por la ayuda de la misma gente”, afirma el presbítero.
Los fieles cubren gastos básicos como alimentación, servicios y transporte.
Pese al asedio, el sacerdote asegura que la fe no ha desaparecido. Incluso, señala, las vocaciones comienzan a resurgir tras años de caída.
“La Iglesia en Nicaragua sufre, pero camina con esperanza”, sostiene.