A partir de mayo, trabajadores del sector público estarían siendo obligados a entregar entre el 5% y el 6% de su salario al partido FSLN, mediante deducciones directas en planilla, sin consentimiento previo.
Un ciudadano nicaragüense, que solicitó anonimato por razones de seguridad, afirmó que la orden ya fue comunicada “oficialmente” a las instituciones del Estado, aunque de forma verbal.
“Todo mundo tiene que pagar el 5%, militantes o no”, aseguró.
La disposición, según su testimonio, marca un nuevo nivel de presión sobre los empleados públicos, históricamente sometidos a vigilancia política, control laboral y coerción partidaria.
La medida ha generado indignación y temor. En un país donde el empleo estatal suele estar condicionado a la lealtad política, cuestionar una orden de este tipo puede significar el despido, la persecución o incluso represalias más graves.
“Meterle la mano al salario del pueblo”
La opositora nicaragüense Yaritzha Mairena calificó la medida como una muestra extrema de abuso por parte del régimen.
“La dictadura sandinista ha convertido el Estado en caja chica del FSLN. No les basta con someter, vigilar y violentar al pueblo; ahora también le meten la mano al salario de los trabajadores públicos”, denunció en su cuenta de X.
Mairena subrayó que el dinero sustraído afecta directamente la subsistencia de miles de familias.
“Es dinero que debería ir a la comida, al transporte, a sus hijos. Robarle al trabajador para sostener una estructura criminal es la cúspide del abuso”, afirmó, insistiendo en que Nicaragua merece salarios dignos, no cuotas forzadas para mantener una dictadura”, agregó.
Deducciones sin aviso y creciente malestar
El abogado nicaragüense Yader Morazán también alertó sobre la situación, tras recibir múltiples reportes de trabajadores afectados.
Según explicó, el descontento se disparó luego de que se depositaran los salarios de mayo con deducciones inesperadas.
“Sin avisar y sin pedir permiso les descontaron entre el 5% y el 6% ‘para el partido’. El malestar sigue latente, sobre todo entre los maestros”, señaló.
Morazán ilustró el impacto con ejemplos concretos: docentes que pierden entre 600 y 800 córdobas, dinero que apenas cubría transporte o combustible para llegar a sus centros educativos.
“Esa plata no era lujo, era lo que les permitía llegar dignamente a dar clase”, advirtió.
El abogado alertó además sobre un efecto inmediato: renuncias dentro del sistema educativo. “Maestros con años de servicio prefieren dejar el aula antes que seguir siendo extorsionados”, indicó.
Financiar la represión con el salario público
Diversas voces coinciden en que estas deducciones no solo representan una carga económica, sino también un mecanismo de control político.
Según las denuncias, los fondos serían utilizados para sostener la estructura partidaria y los aparatos de vigilancia que operan dentro de las instituciones.
“Ese dinero va directo a fortalecer una organización que luego los vigila, los presiona y los obliga a vivir con miedo”, denunció Morazán.
Un patrón de abusos sistemáticos
La denuncia se suma a una serie de mecanismos de coerción documentados en Nicaragua desde la crisis sociopolítica de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó el control sobre las instituciones públicas.
Empleados estatales han reportado durante años la obligación de participar en actividades partidarias, asistir a marchas, firmar documentos políticos y someterse a vigilancia constante.
La deducción salarial obligatoria representaría un paso más en esa escalada.
En un contexto de pobreza estructural —donde amplios sectores dependen de ingresos limitados y remesas del exterior— la reducción forzada de salarios agrava aún más la situación económica de miles de familias.