La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó una resolución que condena oficialmente al régimen Ortega-Murillo como una dictadura y solicita impulsar acciones internacionales para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela.
La iniciativa obtuvo amplio respaldo parlamentario y llama a fortalecer esfuerzos para recuperar la democracia en esos países.
El documento, respaldado con 100 votos a favor, 20 en contra y 23 abstenciones, solicita al Ejecutivo chileno mantener una postura explícita frente a estos regímenes y promover acciones diplomáticas ante organismos internacionales para denunciar abusos contra libertades fundamentales.
En el caso nicaragüense, la resolución se produce en un contexto marcado por denuncias internacionales sobre persecución política, encarcelamientos arbitrarios, destierros, desapariciones forzadas, cierre de organizaciones civiles, represión religiosa y restricciones a libertades públicas atribuidas a la dictadura Ortega-Murillo.
Diversos informes de organismos internacionales han señalado además posibles crímenes de lesa humanidad desde la represión iniciada en 2018.
El diputado chileno Sergio Bobadilla, uno de los impulsores del pronunciamiento, afirmó que el objetivo es condenar a las dictaduras latinoamericanas y promover presión internacional contra sus dirigentes.
“Le solicitamos al presidente que utilice sus buenos oficios ante organismos internacionales para que estos dictadores corran la misma suerte que Maduro en la cárcel, porque han sido dictaduras crueles que a punta de sangre y opresión han sometido a estos pueblos”, sostuvo.
La resolución también pide coordinar esfuerzos multilaterales para impulsar condiciones que permitan restablecer la democracia, garantizar elecciones libres y asegurar el respeto a derechos fundamentales en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Asimismo, el texto cuestiona las posiciones consideradas complacientes hacia esos regímenes por parte de sectores políticos internacionales.
Aunque algunos legisladores chilenos rechazaron el documento argumentando principios de soberanía y no intervención, la mayoría parlamentaria respaldó la necesidad de mantener una condena explícita frente a regímenes señalados por prácticas autoritarias.
En 2025, la Cámara chilena también aprobó otra resolución solicitando condenar violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo y exigir la liberación de personas presas políticas.