El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta nuevas críticas internacionales luego de que la Cancillería de Honduras confirmara el cierre jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y demandara “trato digno” respeto y garantías para funcionarios hondureños afectados por decisiones impulsadas desde Managua.
El gobierno hondureño pidió que cualquier medida ejecutada por Nicaragua contra ciudadanos de ese país vinculados a la CCJ se realice con “trato digno”, comunicación oficial y respeto a los derechos fundamentales, en medio de denuncias sobre expulsiones y retiro de privilegios diplomáticos contra magistrados hondureños.
La declaración surge tras reportes de que la dictadura sandinista declaró non gratos y expulsó a magistrados de la CCJ, profundizando la crisis alrededor del organismo regional con sede en Managua.
La medida ha sido interpretada como una nueva muestra del aislamiento político y del uso arbitrario del poder por parte del régimen Ortega-Murillo.
Aunque el comunicado hondureño evitó confrontar directamente a Managua, el mensaje dejó en evidencia la creciente tensión diplomática provocada por las acciones del régimen nicaragüense.
Tegucigalpa insistió en que los funcionarios afectados deben contar con garantías consulares, acceso a sus documentos y respeto a sus familias y bienes.
El colapso de la Corte Centroamericana de Justicia representa además un nuevo golpe a la integración regional, mientras Managua continúa acumulando señalamientos por decisiones unilaterales y represivas que afectan las relaciones diplomáticas en Centroamérica.