El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado nicaragüense por la muerte del líder indígena miskitu y preso político Brooklyn Rivera Bryan, ocurrida tras más de dos años de desaparición forzada bajo custodia estatal.
En un contundente pronunciamiento, los expertos condenaron la muerte de Rivera y expresaron preocupación por las denuncias de que las autoridades controlaron sus restos, limitaron la participación de su familia en el velorio y entierro, e incluso detuvieron a familiares y allegados que intentaron despedirse del histórico dirigente indígena.
“El hecho de no llevar a cabo una investigación independiente y de no devolver los restos refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brooklyn Rivera”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Los especialistas exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo realizar una investigación independiente sobre la muerte del líder miskitu, garantizar una autopsia transparente, devolver inmediatamente sus restos a la familia y rendir cuentas por la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos cometidas en su contra.
El pronunciamiento cuestiona directamente la versión oficial emitida por el régimen el 31 de mayo, según la cual Rivera falleció debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19.
“Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, declaró Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos.
Rivera, presidente del partido indígena YATAMA y diputado de la Asamblea Nacional al momento de su detención en septiembre de 2023, permaneció desaparecido durante más de dos años sin que su familia conociera su paradero ni pudiera comunicarse con él.
Para los expertos de Naciones Unidas, su desaparición forzada constituye un crimen internacional por el cual el Estado de Nicaragua tiene responsabilidad legal.
“Cuando una persona desaparecida fallece, las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”, señaló la experta Ariela Peralta.
El Grupo reveló además que el 12 de marzo de 2026 envió una comunicación oficial al régimen nicaragüense solicitando información sobre Rivera, sin obtener respuesta.
Los expertos también denunciaron que actualmente existen al menos otras nueve personas detenidas arbitrariamente cuyo paradero continúa sin conocerse, entre ellas dos mujeres, y exigieron a las autoridades revelar de inmediato dónde se encuentran y permitir el acceso de familiares y abogados.
La ONU advirtió que la muerte de Brooklyn Rivera representa el caso más visible de un patrón de violaciones sistemáticas contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense.
Según el Grupo, el régimen ha debilitado estructuras de autogobierno indígena, tolerado invasiones armadas en territorios ancestrales, impulsado detenciones arbitrarias y utilizado la persecución contra líderes indígenas como herramienta política.
Un informe publicado por los expertos en 2024 documentó 124 detenciones arbitrarias de líderes indígenas, defensores de derechos humanos y guardabosques entre 2018 y 2024, además de al menos 46 asesinatos de indígenas durante ese período.
“Brooklyn Rivera dedicó cuatro décadas a defender los derechos de su pueblo. Su muerte exige que la comunidad internacional finalmente preste atención a su situación”, concluyó Brody.
El pronunciamiento incrementa la presión internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo, que enfrenta crecientes denuncias por desapariciones forzadas, persecución política y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.