El observatorio Monitoreo Azul y Blanco denunció este martes que la muerte del líder indígena y preso político Brooklyn Rivera evidencia una supuesta política de “exterminio silencioso” contra las personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua, responsabilizando directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su fallecimiento.
A través de una denuncia pública, la organización afirmó que la condición crítica en la que fue presentado Rivera antes de su muerte expone “el nivel de deterioro físico y la desatención extrema” a la que son sometidos los presos políticos en el país.
Según el observatorio, el fallecimiento del histórico dirigente miskito es consecuencia directa de las condiciones de detención y constituye una señal de alarma sobre la situación de otras personas privadas de libertad por motivos políticos.
El Monitoreo Azul y Blanco también denunció que, tras la muerte de Rivera, la dictadura Ortega-Murillo retuvo su cuerpo, modificó deliberadamente el lugar del velatorio para impedir el acompañamiento de allegados y procedieron a sepultarlo sin la presencia de familiares directos.
La organización sostuvo que estas acciones vulneraron además el derecho de los pueblos indígenas a despedir a sus líderes conforme a sus tradiciones y costumbres ancestrales.
Asimismo, denunció la presunta retención arbitraria de siete personas entre familiares y amistades cercanas de Rivera. Indicó que se encuentra en proceso de verificación de esta información, aunque señaló que el hecho formaría parte de un intento de intimidación y silenciamiento contra el entorno del líder indígena.
Para el organismo, el caso de Brooklyn Rivera demuestra que los presos políticos corren el riesgo de permanecer ocultos a la vista pública hasta que su estado de salud sea irreversible o incluso les provoque la muerte.
En ese sentido, recordó que el Estado es responsable de garantizar la vida, la salud y la integridad física de todas las personas privadas de libertad y exigió justicia por la muerte del dirigente miskito.
Finalmente, el Monitoreo Azul y Blanco demandó la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y reclamó garantías para conocer su estado de salud y condiciones de detención.