La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata Guevara, y denunció que este caso se enmarca en un patrón sistemático de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.
En un pronunciamiento emitido este jueves, la CIDH urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a informar de inmediato sobre el paradero del religioso, garantizar su vida e integridad física y, en caso de encontrarse detenido, ordenar su liberación inmediata.
Según la información recopilada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), monseñor Mata, de más de 80 años y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la propia Comisión, fue detenido el pasado 29 de junio junto con el presbítero Rigoberto Delgadillo Sánchez, el párroco Francisco Morales y el diácono Wilfredo Arauz Rodríguez, presuntamente como represalia por haber presidido una celebración religiosa.
La CIDH indicó que, tras su detención, el obispo habría permanecido bajo un régimen de “casa por cárcel”. Sin embargo, señaló que desde que el Ministerio del Interior informó el pasado 4 de julio que el religioso se encontraba bajo “indagación”, no existe información independiente que permita conocer su ubicación o estado de salud.
El organismo advirtió que esta situación reviste especial gravedad debido a la avanzada edad del obispo y a las condiciones médicas preexistentes que padece.
Denuncian represalias contra familiares y representantes
La Comisión también denunció nuevas acciones de hostigamiento contra Jeffer Chavarría, representante de monseñor Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según el MESENI, tanto Chavarría como su familia y familiares del obispo han sido objeto de vigilancia, amenazas, hostigamiento y otras represalias.
La desaparición forzada como mecanismo de represión
La CIDH condenó el uso del ocultamiento del paradero de personas detenidas arbitrariamente, al considerar que constituye uno de los mecanismos más graves empleados por el régimen nicaragüense para silenciar voces críticas, sembrar temor y ejercer control sobre la población.
El organismo recordó que esta práctica ya ha tenido consecuencias fatales.
Desde 2025, señaló, los opositores Mauricio Petri, Carlos Cárdenas y el líder indígena Brooklyn Rivera murieron bajo custodia estatal, mientras sus familiares permanecieron durante semanas o meses sin información sobre su situación, conociendo su fallecimiento únicamente cuando las autoridades entregaron sus cuerpos en medio de intimidaciones.
Persistente persecución contra la Iglesia
La Comisión advirtió que el caso de monseñor Mata ocurre dentro de un contexto más amplio de persecución contra la Diócesis de Estelí y contra la Iglesia católica en Nicaragua.
Desde 2018, la CIDH ha documentado un patrón sistemático de agresiones contra obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, que incluye vigilancia permanente, restricciones a las celebraciones religiosas, detenciones arbitrarias, expulsiones del país, despojo de nacionalidad, confiscación de bienes y el cierre forzado de congregaciones.
Para la Comisión, estas acciones constituyen una de las expresiones más graves del cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua.
Violación a la libertad religiosa
La CIDH recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho de toda persona a la libertad de conciencia y de religión, tanto en el ámbito privado como público.
Asimismo, reiteró que un espacio cívico abierto y plural resulta indispensable para el ejercicio efectivo de ese derecho.
En ese sentido, concluyó que la persecución contra la Iglesia católica impide que miles de nicaragüenses puedan expresar y practicar libremente su fe.
Finalmente, la Comisión instó al régimen a permitir el contacto inmediato de monseñor Abelardo Mata con sus familiares y representantes legales, cesar las represalias contra su entorno y garantizar plenamente la libertad de religión, conciencia y expresión en Nicaragua.