José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y miembro de la Alianza Cívica refirió que con la recién aprobada reforma a la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, Nicaragua podría volver a las épocas de trueque, si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye al país en su lista negra en la que están naciones como Irán y Corea del Norte.
“Vamos a volver a las épocas de trueque, en cuanto a cómo funcionará la economía en el país y nos va a desconectar del mundo internacional”, dijo Aguerri en entrevista con La Mesa Redonda.
La Asamblea Nacional de mayoría absoluta orteguista, aprobó el 3 de febrero una enmienda que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios orteguistas por corrupción o violación de los derechos humanos.
Aguerri dijo que hay que esperar a que la reforma entre en vigor y ver la reacción de los diferentes sistemas financieros del mundo en torno a la medida.
“Hay que esperar a que la firme el presidente y la publique en La Gaceta lo cual no sucedió hoy. Cuando eso suceda lo primero que se tiene que derivar es que, lo que se llaman ‘departamentos de cumplimiento’ de los diferentes organismos que están vinculados al seguimiento de lavado de dinero, así como los bancos que tienen corresponsalía con nosotros, tienen que hacer esa revisión, tienen que valorar si eso efectivamente es una situación que para ellos los esté poniendo en una dinámica totalmente distinta”, explicó.
“Con esto, Nicaragua pasa a un ámbito que no tiene el resto de los países que tienen relación con el mundo del sistema financiero global. Si se llega a dar que los departamentos de cumplimiento dicen que con esto, estás yendo en dirección contraria a lo que el mundo financiero establece, entonces entramos a una situación enormemente compleja, porque se pone en riego la corresponsalía y eso pone en riesgo a 600 mil familias nicaragüenses que hoy están recibiendo remesas de sus familiares de diferentes lugares del mundo”, agregó Aguerri.
La reforma también pone en riesgo las tarjetas de crédito, el empleo de las personas que laboran en las exportaciones e importaciones del país. No obstante, el empresario destaca que “el gran perdedor, es el propio autor de esta ley, y no es el sector privado”.
“El gran perdedor de esto es la propia autoridad porque los que van a reaccionar en contra de esto son los consumidores, los usuarios, los que reciben las remesas”, dijo Aguerri, descartando que la reforma sea una estrategia de amenaza de Daniel Ortega dirigido específicamente al sector empresarial del país.
“Esta es la primera ley en el mundo donde el Estado se convierte en usuario porque con esto, ellos tienen un control absoluto, pero además aumentó su control político, es el hecho que están incorporando las empresas de cable visión, de telefonía celular, de Internet; esto se conjuga con la Ley de Agentes Extranjeros, o sea, esta ley no es nada más para las empresas del sistema financiero. Tiene esas connotaciones de control político, pero no es nada más para el sistema financiero”, expresó.
“Es una connotación que va más allá de la relación del sector privado y tener una pistola puesta, si de hecho todos los días las pistolas están puestas, todos los días están las auditorias, todos los días están las diferentes acciones que se están tomando en contra del sector privado”, continuó.
LOS SANCIONADOS
A juicio de analistas, la reforma protegería a los funcionarios orteguistas e instituciones que han recibido sanciones por Estados Unidos y otros países, para que no se les cancelen contratos o transacciones a causa de estas. Aguerri coincide con la teoría, pero cree que a los sancionados no se les reaperturaría una cuenta bancaria, sí a sus familiares.
“Lo que ellos están buscando es que se abran cuentas a personas allegadas a los sancionados, entonces partiendo de esa lógica, se aprovechan de esto para lograr meter servicios que antes no estaban aumentando el control político”, declaró.
“Si viniera una orden de la Superintendencia de Bancos de reabrirle una cuenta a un sancionado, no va haber banco que se la abra; pero si es a la esposa de un sancionado, se va a tener que abrir esa cuenta mientras esto no tenga una respuesta de parte del GAFI, y de los corresponsales americanos”, expuso.
Advirtió que, si el régimen diera la orden de abrirle una cuenta bancaria a un sancionado, “ahí sí estamos listos, si eso hiciera el gobierno, eso es un suicidio, un suicidio colectivo”.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha dicho que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.