La noticia a cerca de que Justicia argentina abrió una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo y autoridades del régimen en Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad, es una “señal positiva” que “genera aliento” a los familiares de las víctimas mortales, declaró este jueves el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Este jueves se conoció que el juez federal argentino Ariel Lijo, abrió una investigación tras una denuncia interpuesta por los abogados Dario Richarte y Diego Pirota contra Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, “y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura”, según infirmó Richarte en su cuenta de Twitter.
“Es una muy buena noticia porque hay una demanda permanente de familiares de las personas que fueron ejecutadas, que fueron privadas violentamente de la vida, entre personas que fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a torturas, incluso personas desaparecidas”, dijo Carrión a La Mesa Redonda.
“Es una señal positiva para ese amplio movimiento que en Nicaragua y fuera Nicaragua existe, movimientos de familiares, movimientos de defensoras y defensores Derechos Humanos que luchan porque en Nicaragua se conozca la verdad y se determine las responsabilidades, y esa lucha es obviamente contra la impunidad que hasta ahora prevalece en Nicaragua”, continuó el abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica.
Carrión explicó que la investigación se da sobre la base del “principio de jurisdicción universal” que faculta a la justicia federal argentina a investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado”.
“Es positivo porque genera aliento a ese gran movimiento, en particular a un pueblo como el de Nicaragua que está sometido a una brutal persecución, incluso continúan ejecutándose crímenes de la humanidad y en ese sentido el mensaje es positivo”, insistió.
Sin embargo, Carrión explicó que “los resultados no son inmediatos”, pero “da luces” y “recarga baterías”.
“El mensaje es que las víctimas de Nicaragua no están solas. Yo te diría que las expresiones mismas que estamos en el exilio que son miles y miles de personas, no han cesado con su voz”, apuntó.
El abogado destacó que esta denuncia contra el régimen “se activó” en Argentina “gracias a las víctimas, a los sobrevivientes que no callan” y que incluso en el anonimato “están pasando la voz y la labor especializada de ustedes el periodismo independiente”.
“Ha sido largo este camino, pero hay aliento… si no soñamos, si no aspiramos, si no tenemos ilusiones pisando la tierra, definitivamente dejamos de luchar. Y yo le doy mucha fuerza a la lucha de los familiares de la gente sobreviviente, que sufre en esa lucha por buscar la verdad, que sufre por ver libre a más de 215 personas presas políticas que están en muchas de ellas sometidas a torturas”, añadió.
“Perpetradores ni siquiera pueden tomar un vuelo”
La denuncia judicial radicada en Buenos Aires pide, entre otras cosas, que sean citados a declaración indagatoria los máximos responsable del régimen de Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares.
Como primera medida, el juez Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua y le pidió a la Cancillería argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”.
La denuncia también menciona otros funcionarios, los que según el abogado Carrión “ni siquiera pueden tomar un vuelo”.
“Los perpetradores, los que están involucrados en esos crímenes de lesa humanidad ya tienen que tener pendiente e incluso ni siquiera pueden tomar un vuelo y viajar a donde quieran para ir a gastar el dinero mal habido, tienen que cuidarse desde el momento en que inicia una investigación de esa naturaleza. Es muy positiva, pero también hay que poner por los pies de la tierra; apenas comienza una investigación”, expresó.
Los otros denunciados son:
– Francisco Díaz Madriz. Es el suegro de Mauricio Ortega, hijo del matrimonio presidencial y, además, actual jefe de la Policía.
– Néstor Moncada Lau. Actúa oficialmente como asesor privado de Ortega, pero también sería responsable de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”.
– Julio César Avilés Castillo. Ocupa el cargo de jefe del Ejército de Nicaragua y se lo señala como responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la “operación limpieza”.
– Oscar Mojica. Es General en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.
– Gustavo Eduardo Porras Cortés. Se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de la República y se le atribuye el control de los sindicatos y la organización de las movilizaciones masivas, incluyendo a los médicos y a los obreros, que cooperaron para la “recuperación” de las calles luego de las protestas de abril de 2018.
– Roberto López. Es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Se le atribuye colaboración con Porras Cortés en la organización de la represión a las manifestaciones de abril de 2018.
– Oscar Valladares. Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.
– Sonia Castro. Actuó como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas como consecuencia de su participación en las movilizaciones populares. También se le atribuye la responsabilidad por el despido de profesionales de la salud “acusados” de no hacer caso a la orden de no atención.
– Leonardo Ovidio Reyes Ramírez. Es el presidente del Banco Central de Nicaragua y actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega – Murillo y de las operaciones criminales.
A juicio de Carrión esta investigación penal contra Ortega, Murillo y demás funcionarios podría provocar “que pongan de inmediato en libertad al obispo (Rolando) Álvarez; y a lo mejor provoca que comiencen a poner en libertad a todas las personas que están injustamente privadas de libertad desde hace ya más de 10 años”.