La nicaragüense Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) y quien en el 2018 denunció ante el Congreso estadounidense la orden “Vamos con todo” del régimen Ortega-Murillo para perpetrar los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, expuso en un foro en Washington su doloroso testimonio como solicitante de asilo en Estados Unidos, asegurando que “estar en el limbo migratorio no es vida”.
Gómez, quien decidió renunciar a su cargo en 2018 y exiliarse en Estados Unidos por las amenazas en su contra, participó en el foro “Dignidad Humana y Crisis Migratoria en la Frontera Sur de los Estados Unidos: Respuestas y Responsabilidades” en la universidad Georgetown. Ahí explicó que tras abandonar su cargo en el Estado empezó a recibir amenazas, “unas de que me matarían y otras decían que me encarcelarían por estar en contra de las acciones represivas del régimen”.
“Desde que tuve que salir de mi país para salvar mi vida y la de mi familia, he estado trabajando para recuperar la libertad y los derechos humanos de mi país. Me he convertido en activista. He denunciado los abusos del régimen de Ortega Murillo en conferencias internacionales y audiencias internacionales”, destacó Gómez, que ahora es miembro del observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas.
“Mi activismo en la lucha por la restauración de la democracia en Nicaragua me convierte en blanco político de la dictadura”, alertó.
Ligia contó que el régimen le retiró la nacionalidad, le quitó propiedades y el acceso a sus cuentas bancarias, incluido el acceso a su pensión. “Di más de mil aportes a mi retiro, a mi pensión, y me lo confiscaron. El régimen me robó todos mis ahorros de más de 25 años. No sé cómo enfrentaré la vejez después de que me quitaron la casa y la pensión de jubilación”, afirmó.
El deficiente sistema de asilo en Estados Unidos
Gómez mencionó cuatro hechos que muestran cómo el sistema de asilo de Estados Unidos no ha resuelto la situación de los solicitante:
El sistema migratorio se basa en la premisa de que todos somos migrantes económicos
“Como solicitantes de asilo, recibimos información de las autoridades de inmigración que nos asusta y estamos seguros de que nos rechazarán. Esto, sumado al desconocimiento de nuestros derechos y la falta de acceso a asesoría, agravan nuestra calamitosa situación. La verdad es que no podemos vivir en nuestros países por la violencia institucionalizada. Prueba de ello, es cómo la migración ha aumentado exponencialmente en Nicaragua desde que aumentó la represión gubernamental. Eso no se detendrá hasta que se restablezca la democracia”, declaró.
Los tiempos de los procesos de asilo no nos permiten rehacer nuestra vida
“Hemos estado esperando la entrevista de USCIS durante más de cuatro años y hablé con solicitantes de asilo que han estado esperando la entrevista durante diez años. Para nosotros estar en el limbo migratorio no es vida y aumenta nuestro trauma. La incertidumbre de nuestra situación migratoria nos genera un estrés severo por el temor de ser devueltos a Nicaragua. La preocupación permanente por nuestro estatus migratorio afecta severamente a toda la familia. Tenemos pesadillas recurrentes de regresar a Nicaragua, reviviendo el gran temor de que el gobierno nos persiga, mate o encarcele”, expresó Gómez.
“Este temor se ve agravado por el hecho de que nuestra hija de 12 años tiene lupus y es difícil para ella tener un seguimiento médico adecuado porque es costoso. Cada control de seguimiento en el Children National Hospital requiere un copago de hasta 2 mil dólares. Si tuviera una crisis, Dios no lo quiera, no podríamos cubrir esa atención médica. Pero con el asilo, podría solicitar el Medicaid. El año pasado le hemos pedido a USCIS que acelere el cronograma de nuestra entrevista de evaluación de caso de asilo. La respuesta de USCIS fue: ‘Entendemos y tomamos nota de sus inquietudes, pero lamentablemente no podemos programar una entrevista en este momento’”, relató con lágrimas en sus ojos.
Sufrimos revictimización porque no hay empatía por los solicitantes de asilo entre los actores involucrados en el sistema migratorio
Sobre esto, Gómez dijo que cuando pidió asesoría legal a un abogado privado “recibí la misma falta de empatía que recibí del sistema de inmigración estatal”.
Estar en el limbo de la inmigración es demasiado costoso
“Estamos pagando cuatro permisos de trabajo cada año y medio ($410 por la tarjeta, $85 por las huellas dactilares y $500 por el papeleo de cada uno) son alrededor de 4 mil dólares cada año y medio porque tenemos miedo de perder nuestro trabajo si el documento no nos llega a tiempo. Algunas personas solicitan asilo afirmativo, pasan hasta 10 años esperando una entrevista y se les niegan diferentes libertades y oportunidades”, denunció.
“La mayoría de los solicitantes de asilo pagan un promedio de 12 mil dólares para que un abogado presente su asilo. Hacen pagos mensuales. Los abogados particulares no les dan copias de sus expedientes, les hemos pedido copias en su nombre, pero no responden. Cuando las personas ya han pagado, les dicen que sus casos no son viables para el asilo. Después de eso, terminan la relación con el solicitante de asilo”, continuó.
¿Qué se necesita como solicitantes de asilo frente a las barreras?
“Necesitamos acabar con los estereotipos sobre los solicitantes de asilo. Que no haya prejuicios que provoquen la negación de nuestros derechos humanos. Los actores involucrados en el sistema de inmigración deben aplicar un enfoque informado sobre el trauma, reconociendo que los solicitantes de asilo están en medio de un trauma para evitar volver a victimizarnos”, dijo Gómez.
También llamó a trabajar para que los tiempos de respuesta permitan a los solicitantes de asilo retomar sus vidas “con dignidad y esperanza, no solo viviendo el día a día sin posibilidad de planificar el mediano y largo plazo”.
También –añadió— “crear más opciones de asesoría legal a bajo costo para solicitantes de asilo para que más personas puedan terminar su proceso de legalización, evitando el oportunismo de personas que se aprovechan de ellos”.